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5 de febrero de 2024

Alperovich, previo al inicio de juicio: "La prueba es decir la verdad"

El exsenador y tres veces gobernador de Tucumán deberá responder por tres casos, dos de ellos en grado de tentativa y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal contra su sobrina y una empleada.

El exsenador y tres veces gobernador de Tucumán José Alperovich aseguró en la mañana de este lunes que va a declarar en el juicio donde está acusado de distintos hechos de abuso sexual denunciados por su sobrina y empleada, y remarcó que “la prueba es decir la verdad”.
El juicio se llevará adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal 29 desde las 10.30, a cargo del juez José María Ramos Padilla, y se espera que presten declaración más de 80 testigos.

Alperovich deberá responder por tres casos de abuso sexual, dos de ellos en grado de tentativa, y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal, de acuerdo con lo establecido por la investigación judicial en base a las denuncias por los ataques ocurridos entre 2017 y 2018, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán.

Al llegar en la mañana de este lunes al edificio del tribunal, acompañado de sus hijos, Alperovich dijo que iba a declarar y, ante una consulta periodística sobre la gravedad de las acusaciones, respondió escuetamente: “La prueba es decir la verdad”.

El expediente se inició cuando la joven denunció los hechos a fines de 2019, mientras se desempeñaba como asistente de Alperovich en el Senado de la Nación, de donde el tucumano fue apartado tiempo después.

La denunciante indicó que los abusos y ataques se produjeron en Tucumán y en un departamento del barrio porteño de Puerto Madero.

En la investigación intervinieron la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), que dirige Mariela Labozzetta.

En mayo de 2022 la fiscalía había considerado que "en todos los casos, mediando para su comisión intimidación", el exsenador "abusó de una relación de dependencia, de poder y de autoridad".

"Quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses", señaló la acusación fiscal.

En tanto, días después el juez Osvaldo Rappa procesó a Alperovich por los delitos denunciados y consideró que se cometieron "mediando abuso de poder y autoridad".

Rappa remarcó en su procesamiento que la víctima sufrió un "sometimiento sexual ultrajante".

En su indagatoria ante el magistrado, Alperovich negó haber abusado de su sobrina y no aceptó preguntas, según fuentes judiciales.

Respuesta de las organizaciones feministas

Las organizaciones feministas manifestaron su apoyo a la "denunciante que logró llegar a esta instancia después de haber esperado durante 5 años respuestas por parte del Poder Judicial".

"Nos mantenemos alertas ante los posibles ataques y revictimización por parte del acusado a través de su defensa o del uso de los medios de comunicación para avanzar sobre la integridad física y psíquica de la denunciante", agregó el comunicado difundido a través de redes sociales.

Y se declararon "en alerta y movilización por cualquier maniobra de impunidad en tanto el actual ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, hasta hace unos meses era su abogado y hoy la defensa (de Alperovich) continúa a cargo de su estudio jurídico".

En principio, la causa se tramitó en dos jurisdicciones: en el fuero criminal y correccional de la ciudad de Buenos Aires y en la justicia tucumana.

Pero tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo del año pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador General interino, Eduardo Casal.

Fuente: Télam.

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