Entre los años 2013 y 2016, al inicio del mandato del entonces presidente Nicolás Maduro, Venezuela trasladó 113 toneladas de oro a Suiza por un valor aproximado de 4.140 millones de francos suizos, equivalentes a unos 5.200 millones de dólares. El metal, procedente del Banco Central de Venezuela (BCV), formó parte de una estrategia estatal para obtener liquidez en un contexto de creciente deterioro económico.

Las operaciones se concentraron en ese período, previo a la aplicación de sanciones internacionales más severas contra el gobierno venezolano. Suiza, como uno de los principales centros mundiales de refinación y certificación de oro, fue el destino elegido para procesar el metal, lo que facilitaba su eventual comercialización en momentos en que el acceso del país a los mercados financieros internacionales comenzaba a restringirse.

A partir de 2017 no se registraron nuevas exportaciones de oro venezolano hacia el país europeo. Esta interrupción coincidió con el endurecimiento de medidas punitivas impulsadas por la Unión Europea contra altos funcionarios del gobierno de Maduro. Dichas sanciones, aunque no incluyeron un embargo total al comercio de oro, limitaron las operaciones financieras del Estado venezolano y redujeron su margen de maniobra internacional.

La salida masiva de estas reservas auríferas ocurrió durante una fase de fuerte contracción económica en Venezuela, marcada por la caída de los ingresos petroleros, la escasez de divisas y una inflación acelerada. Con el paso del tiempo, estas operaciones han cobrado relevancia en el debate público sobre el manejo de los activos del Estado y el uso de las reservas internacionales durante los años más críticos de la crisis.