El gobierno de Suiza congeló de manera inmediata todos los activos que Nicolás Maduro y personas asociadas a él posean en territorio suizo. La medida, comunicada oficialmente por el Consejo Federal, tiene como objetivo declarado “prevenir la fuga de activos” tras la detención del exmandatario venezolano y la inestabilidad política subsiguiente.

La decisión, que según las autoridades no aplica a los integrantes del actual gobierno venezolano, se fundamenta en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA). El Consejo Federal la describió como una “medida cautelar” para bloquear intentos de transferir fondos fuera del país en un contexto de cambio de poder.

En su comunicado, el gobierno suizo precisó que, si investigaciones futuras determinan que los fondos congelados fueron adquiridos ilícitamente, el país se compromete a garantizar que sean destinados en beneficio del pueblo venezolano.

Esta acción se suma a las sanciones vigentes contra Venezuela desde 2018 bajo la Ley de Embargo. Sin embargo, las nuevas disposiciones apuntan específicamente a personas no incluidas previamente en las listas de sanción suizas, ampliando el alcance de las restricciones.

Las autoridades helvéticas enfatizaron que ni la caída del poder de Maduro ni las circunstancias legales internacionales de su detención fueron determinantes para aplicar la FIAA. El factor clave, según el comunicado, es el hecho objetivo del cambio de poder, lo que habilita a Venezuela a iniciar potenciales acciones legales sobre activos obtenidos de manera irregular durante el gobierno de Maduro.

La congelación tendrá una vigencia inicial de cuatro años y estará sujeta a revisión. El gobierno suizo señaló que esta medida también facilitará eventuales procesos de asistencia judicial recíproca entre Suiza y las autoridades venezolanas, en caso de existir pruebas de adquisición ilícita de fondos.

Finalmente, el Consejo Federal reiteró el compromiso de Suiza con el derecho internacional, la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la integridad territorial de Venezuela. Recordó que el país ha ofrecido en reiteradas ocasiones sus buenos oficios a todas las partes involucradas para contribuir a una solución pacífica, y que mantiene su vigilancia sobre la evolución de la situación política venezolana.