Las autoridades de universidades nacionales resolvieron en un plenario extraordinario exigir judicialmente el cumplimiento de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, luego de que el Poder Ejecutivo Nacional decidiera promulgar la norma pero suspender su aplicación mediante decreto.

La dra. Mercedes Leal, vicerrectora de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), confirmó en declaraciones a LV12 que "ha sido una decisión del Consejo Interuniversitario Nacional, en donde hemos presentado una cautelar para hacer efectivo el cumplimiento de la ley, en contra de este decreto que decide no aplicarla". La funcionaria académica precisó que "en eso están comprometidas todas las universidades nacionales" y agregó que "la UBA hizo un amparo por su cuenta".

Seguimiento del Presupuesto 2026

Leal indicó que las universidades también se mantienen "atentos al tratamiento del Presupuesto 2026 porque en realidad lo que mandó el Poder Ejecutivo a las cámaras legislativas, no contempla lo que habíamos pedido para recomponer los salarios de los trabajadores de las universidades".

Según explicó la vicerrectora, los aumentos en las partidas universitarias propuestos por el Gobierno Nacional "no son suficiente porque la ley de financiamiento establecía metas de crecimiento del presupuesto universitario donde daba la oportunidad de recomponer la pérdida real del salario que es de aproximadamente del 40%". Además, señaló que la norma contemplaba "una inversión de recursos que se actualizaba automáticamente con el IPC y contemplaba recursos para mejorar becas, carreras estratégicas y subsidios de investigación".

Perspectiva de conflicto

La representante universitaria advirtió que "si no hay una recomposición del salario vamos a seguir con estas medidas de fuerza, que son las estrategias que tienen los gremios para reclamar por sus salarios". Al respecto, confirmó que se mantiene "permanentemente trabajando de manera articulada con el frente gremial docente y no docente" y anticipó que "seguramente el año próximo va a ser de mucha conflictividad".

La Ley de Financiamiento Universitario había sido insistida en ambas cámaras del Congreso y contó con el apoyo de la ciudadanía a través de diversas movilizaciones. El Poder Ejecutivo Nacional, al suspender su aplicación, solicitó al Poder Legislativo que determine la fuente de financiamiento para su implementación.