La reciente legalización de la eutanasia en Uruguay, sancionada el pasado 15 de octubre, ha tenido su primer efecto inmediato en el escenario legislativo argentino. El diputado nacional de la UCR, Julio Cobos, ex vicepresidente de la Nación, presentó un nuevo proyecto de ley para legalizar la práctica médica en el país. La iniciativa, ingresada a través de la Cámara de Diputados, busca autorizar tanto la eutanasia como la muerte médicamente asistida.

El proyecto presentado por Cobos, quien ocupará su banca hasta el recambio legislativo del 10 de diciembre, establece con precisión las dos modalidades: que un médico administre directamente la sustancia letal, o que prescriba y proporcione la medicación para que el propio solicitante la autoadministre. Esta es la tercera vez que el legislador radical presenta una iniciativa de este tipo, tras dos intentos anteriores en ambas cámaras.

“Presentar el proyecto es una manera de insistir con el tema y lograr que haya una iniciativa nueva que conserve estado parlamentario durante dos años”, explicó Cobos a Infobae, y añadió: “La aprobación en Uruguay sin duda fue un impulso para presentar este proyecto”. El texto se suma a otros cuatro proyectos que impulsan la misma temática y que aún mantienen estado parlamentario.

La iniciativa describe requisitos estrictos para acceder al procedimiento. El solicitante debe ser mayor de edad, argentino o residente en el país por no menos de doce meses, y padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante. Además, debe haber recibido información médica completa, incluyendo las opciones de cuidados paliativos, y presentar dos solicitudes por escrito con un intervalo mínimo de quince días, con testigos y validación judicial o notarial. El consentimiento puede ser revocado en cualquier momento.

El proyecto también contempla la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, pero establece la obligación para los centros de salud públicos y privados de garantizar el acceso si el solicitante cumple con todos los requisitos. Asimismo, propone modificar el Código Penal para eximir de responsabilidad penal a quienes asistan la práctica de manera reglamentada.

“La sociedad ha madurado y ha reflexionado sobre este tema”, describió el diputado radical. “Se trata de un procedimiento que puede resultar en una muerte digna para personas que atraviesan una enfermedad terminal o un sufrimiento constante intolerable”.

Mientras el debate legislativo se prepara, la justicia argentina ya enfrenta un caso concreto. En la Provincia de Buenos Aires, un juzgado de Mercedes debe analizar el pedido de María del Carmen Ludueña, una mujer de 63 años con una enfermedad crónica degenerativa que solicita acceder a la eutanasia. Su caso, rechazado en primera y segunda instancia bajo el argumento de la ilegalidad de la práctica, fue tomado por la Suprema Corte bonaerense. La resolución final, a falta de una ley, dependerá de la vía judicial.

Cabe recordar que Argentina fue pionera en la región con la Ley de Muerte Digna de 2012, que permite rechazar tratamientos que prolonguen la vida en casos de enfermedades irreversibles. Los proyectos de eutanasia dan un paso más, al buscar permitir una asistencia médica activa para poner fin a la vida, un debate que ahora queda en manos del Poder Legislativo.