Susana Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Ángeles, se refirió este sábado a la denuncia penal en su contra por la supuesta locación de un inmueble estatal que la institución tenía en comodato. Frente a las acusaciones, la dirigente negó categóricamente cualquier irregularidad y atribuyó la querella a una “campaña de difamación” orquestada por el abogado Ernesto Baaclini, con quien mantiene una enemistad pública de varios años.

La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán por Jhonathan David Aguilar y Cynthia Rosa Gaitán, quienes están patrocinados por Baaclini. En la causa, se acusa a Trimarco de haber alquilado, a través de su apoderado Augusto Reinoso el 7 de agosto de 2024, un local ubicado en el Pasaje Sargento Gómez 60. El inmueble, propiedad del Estado Nacional, había sido entregado a la fundación para fines institucionales. Los denunciantes afirmaron que se solicitó una “llave” de seis millones de pesos y un canon mensual de tres millones, aportando como prueba audios en los que, aseguran, Trimarco reclamaba dichos pagos.

“No hay ninguna denuncia en contra de nosotros. Es una mentira total. Viene, como siempre, de Baaclini. Si fuera un profesional serio no estaría inventando tantas cosas”, declaró Trimarco en una conferencia de prensa. La dirigente explicó que el acuerdo con las personas que ocuparon el espacio fue temporal y de cooperación, no un alquiler formal. “No había ningún contrato de locación. Se trató de una ayuda mutua para sostener los gastos básicos de la Fundación: luz, teléfono, gas. No se puede hablar de alquiler porque el inmueble no podía alquilarse”, afirmó.

Trimarco relató que el local fue recibido por la fundación tras un juicio por trata de personas y se encontraba en condiciones deplorables. “Era espantoso cómo estaba todo destruido. Lo arreglamos como pudimos y hasta nos robaron las herramientas mientras trabajábamos ahí”, detalló. Asimismo, sostuvo que, al tener conocimiento de presuntas irregularidades por parte de esas personas, decidió desvincularse inmediatamente. “Cuando supe que había denuncias contra esa gente, fui al Juzgado Federal y entregué todo. No quiero saber más nada con ese lugar”, declaró, en alusión a una investigación separada por la venta de mercadería de contrabando que llevó a un allanamiento en el sitio.

Durante su exposición, Trimarco defendió la transparencia de la Fundación María de los Ángeles y cuestionó la trayectoria del abogado querellante. “Siempre me persiguió. Fue abogado de los Ale y de narcotraficantes. Me maltrata y me ha difamado durante años”, aseguró. “La Fundación no debe un peso a nadie. Tenemos los balances aprobados y el respaldo del Ministerio de Justicia y de la Embajada de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que esa gente me apoyaría si yo fuera una corrupta?”, planteó.

Visiblemente conmovida, Trimarco vinculó el ataque con la memoria de su hija, Marita Verón, desaparecida en 2002. “Yo no voy a ensuciar el nombre de mi hija. Llevo 24 años de lucha. A mí nadie me va a venir a ensuciar, porque vivo de mi trabajo y de una jubilación. No tengo necesidad de nada”, enfatizó.

Para finalizar, confirmó que el inmueble en cuestión “ya fue devuelto hace meses” y que la fundación continúa centrada en su labor de asistencia a víctimas de trata. “Todo está claro y rendido. El lugar fue entregado en mayo y nosotros seguimos trabajando como siempre: ayudando a mujeres que necesitan justicia y contención”, concluyó.