La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos celebró hoy la audiencia de alegatos orales en la apelación interpuesta por la Argentina contra la sentencia que la obliga a pagar 16.100 millones de dólares.

La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa, fundamentó su recurso contra la "errónea sentencia" dictada en septiembre de 2023 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska. Los abogados de la República apelaron al “sentido de justicia” del tribunal y a la integridad del sistema judicial estadounidense.

Durante la exposición, la defensa argentina enfatizó la responsabilidad del tribunal de aplicar correctamente el derecho argentino, tal como lo haría un tribunal local. Sostuvo que el caso se basa en una "interpretación errónea del derecho argentino" y en "ficciones jurídicas de graves consecuencias".

Según la argumentación oficial, los demandantes –Petersen Energía y Eton Park Capital– no adquirieron sus participaciones en YPF en la oferta pública inicial de 1993, sino quince años después, en "transacciones privadas realizadas en España con Repsol, rodeadas de serias sospechas de corrupción". Se afirmó que obtuvieron su participación con una "inversión de capital mínima" y que, junto con Repsol, "drenaron los recursos de YPF" mediante "dividendos exorbitantes".

La Procuración del Tesoro señaló que, tras la expropiación, los demandantes optaron por no acudir a los tribunales argentinos, que eran la jurisdicción competente, y presentaron sus reclamos en los Estados Unidos varios años después. La sentencia de la jueza Preska, según la defensa, "llegó a conclusiones a las que ningún tribunal argentino ha llegado ni llegaría jamás".

El rol de Burford Capital y la posición del gobierno

La defensa identificó al fondo Burford Capital como el "verdadero impulsor de este litigio". Se indicó que este fondo, con sede en el Reino Unido, adquirió el reclamo por 15 millones de euros y ahora busca una ganancia que supera el 37.000%, que asciende a unos 18.000 millones de dólares con intereses.

Además, se acusó a Burford Capital de haber manifestado públicamente su intención de "poner arena en los engranajes del proceso de normalización de la Argentina", obstaculizando los esfuerzos del país por reinsertarse en los mercados internacionales de capital. La defensa vinculó el caso con el "modus operandi de gobiernos anteriores" liderados por Cristina Fernández de Kirchner.

Respecto a la gestión del presidente Javier Milei, la Procuración destacó que su foco "siempre ha estado puesto en resolver la pasada herencia recibida" y que se ha llevado adelante una "estrategia de defensa vigorosa e integral" para proteger los intereses jurídicos del país.

La República Argentina se mostró "optimista" en que la Corte de Apelaciones revertirá la decisión de primera instancia, reconociendo que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones. Agradeció, asimismo, el apoyo de "varios Estados" que presentaron escritos ante el tribunal respaldando su posición jurídica.