La Corte Suprema de Justicia de la Nación removió los últimos obstáculos procesales para el desarrollo del juicio oral en la causa "Cuadernos", al rechazar más de veinte recursos presentados por la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido y un grupo de empresarios que cuestionaban las actuaciones en la investigación por una presunta asociación ilícita en la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015.

En una decisión unificada, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los planteos de todos los imputados, incluyendo a Cristóbal López, Mario Rovella, Aldo Roggio y Juan Carlos De Goycoechea, quienes alegaban nulidades procesales, defectos en sus indagatorias o en la validez de las declaraciones de los arrepentidos.

En paralelo, el máximo tribunal revocó el sobreseimiento que beneficiaba desde 2015 a Carolina Pochetti, viuda del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, en una causa conexa por lavado de activos. El fallo, que hizo lugar a un recurso de la Procuración General de la Nación, ordena emitir un nuevo pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Pochetti, quien había declarado como arrepentida que pagó una coima al juez Luis Rodríguez para cerrar esa investigación.

La resolución de la Corte establece que el sobreseimiento anterior solo cubría el hecho del transporte de dinero, pero no las posteriores maniobras de blanqueo, por lo que la investigación debe continuar.

Con estas decisiones, queda allanado el camino para el inicio del juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 7, programado para comenzar el 6 de noviembre. En el banquillo se sentarán la ex presidenta Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y decenas de empresarios, acusados de haber participado en un sistema de cobro y pago de sobornos por contratos de obra pública.

La causa se originó en los registros del ex chofer Oscar Centeno, quien detalló viajes de recaudación vinculados al ex subsecretario Roberto Baratta. Las declaraciones de imputados colaboradores, como Carlos Wagner, José López y el financista Ernesto Clarens, derivaron en la investigación de una megacausa que incluyó la cartelización de la obra pública y flujos ilegales de dinero al exterior.