El Poder Ejecutivo Nacional vetó en su totalidad la Ley de Emergencia Pediátrica destinada al Hospital Garrahan, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete. La medida se enmarca en la política oficial de ajuste fiscal y se produce días después del veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

Según los fundamentos del decreto, el Gobierno estimó que la norma vetada tendría un "impacto fiscal directo" de $115.030.000.000 debido a la recomposición salarial prevista. El texto oficial sostiene que el proyecto "carece de un financiamiento genuino" y que su implementación "inevitablemente conduciría a la desfinanciación de programas sanitarios vigentes y a la erosión de los recursos destinados para prestar asistencia en emergencias".

Para dimensionar el monto, el Ejecutivo realizó una comparación en la que afirmó que equivale a "un tercio del calendario total de vacunas, tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC)".

El decreto concluye que la iniciativa, "bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal".

Paralelamente, el Gobierno postergó la definición sobre la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una normativa de vital importancia para las provincias. Se espera que su suerte se defina hacia el final de la jornada del viernes 12 de septiembre.

Esta pausa en la decisión sobre los ATN ocurre en un contexto de reorganización de la estrategia política oficialista, luego de los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires. Como parte de este nuevo enfoque, se ha dispuesto que el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabece una mesa de diálogo con gobernadores aliados. Asimismo, la reciente designación de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior es interpretada como una señal hacia las provincias.

Los mandatarios provinciales, agrupados en la alianza de Provincias Unidas, esperan gestos concretos de negociación. La posibilidad de un veto a la ley de ATN genera incertidumbre y podría dificultar el diálogo.