La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, impugnaron este jueves la decisión del Tribunal Oral Federal 2 de avanzar con la ejecución de veinte propiedades para cumplir con el decomiso ordenado en la causa Vialidad, por un monto total de 685.000 millones de pesos.

El pasado 18 de noviembre, el juez Jorge Gorini había dispuesto iniciar la ejecución de los bienes de los nueve condenados, de manera solidaria, hasta cubrir la suma de 684.990.350.139,86 pesos. Según lo establecido, los bienes pasarían a la órbita de la Corte Suprema de Justicia como parte del proceso para hacer efectivo el decomiso.

En su apelación, Cristina Fernández de Kirchner calificó la medida como una “nueva expresión del derecho creativo”, que —según afirmó— fue utilizado para perseguirla y que ahora se extiende a sus hijos. Su defensa sostuvo que todos los bienes de Máximo y Florencia Kirchner tienen “origen lícito”, acreditado en fallos firmes, y que fueron recibidos legalmente de sus progenitores.

Los abogados de la ex mandataria argumentaron que estas circunstancias, a su juicio, impiden considerar los bienes como instrumento, producto o provecho del delito juzgado. También cuestionaron que el tribunal haya ordenado el desapoderamiento de los hijos de la ex vicepresidenta, contradiciendo —según su postura— criterios propios del tribunal recientemente dictados.

Por su parte, Máximo y Florencia Kirchner también impugnaron, en escritos separados, la ejecución de los 19 bienes cedidos por su madre. Advertieron que implicaría un “desapoderamiento definitivo de bienes legítimamente adquiridos” y solicitaron que se suspendan las tasaciones, inscripciones registrales y cualquier acto tendiente a poner los activos bajo administración de la Corte Suprema u otra entidad.