El Tribunal Oral Federal Número 7 avanzó este jueves con la séptima audiencia del juicio por las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Durante la jornada, se procedió a la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en la causa.

La UIF, actualmente encabezada por Paul Starc, ubicó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como la “principal artífice” de lo que definió como una organización criminal dedicada a la recaudación de fondos ilegales durante su administración. Según la querella, esta estructura operó entre 2008 y 2015 con el fin de montar un sistema de recaudación de dinero ilegal “para enriquecerse ilegítimamente y financiar otros delitos”, aprovechando la posición de poder de funcionarios del Ejecutivo nacional.

El organismo, alineándose con la fiscalía, sostuvo que Néstor Kirchner y Cristina Fernández estuvieron al frente de la organización, la cual, según la acusación, funcionaba desde la cima del Estado. Detalló que los fondos eran entregados alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo o a sus secretarios privados en domicilios como Uruguay 1306 y Juncal 1411 en la ciudad de Buenos Aires, además de la Residencia de Olivos y la Casa Rosada.

Para la UIF, parte del dinero era redistribuido o utilizado para pagos a otros funcionarios. El organismo respaldó estas afirmaciones citando las declaraciones del ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, y del financista Ernesto Clarens, quienes manifestaron haber entregado dinero al fallecido secretario presidencial Daniel Muñoz en los departamentos de Juncal y Uruguay, en el barrio de Recoleta.

La UIF destacó que los dichos de ambos arrepentidos “refuerzan la participación y el rol de liderazgo de la ex presidenta”, al indicar que, según su teoría, impartía órdenes, asignaba funciones y decidía la continuidad o suspensión de las operaciones. También se refirió a la declaración del antiguo titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, quien describió una reactivación del esquema desde 2012 y precisó que la operatoria se extendió hasta el final del segundo mandato de Fernández de Kirchner.

Clarens, por su parte, brindó detalles sobre aportes de firmas como ESUCO, Cartellone, Chediack y Roggio, vinculados, según sus dichos, a la financiación de campañas políticas entre 2012 y 2015.

La querella describió el esquema como un circuito “permanente, dinámico y aceitado”, destinado a asegurar retornos ilícitos de empresas contratistas del Estado. Según la imputación, para acceder a obras públicas, concesiones viales o subsidios, las compañías debían entregar un porcentaje de los pagos estatales a funcionarios designados.

En su requerimiento, la UIF citó resoluciones anteriores que mencionan bolsos con dinero trasladados a domicilios de Recoleta, Olivos o la Casa Rosada, y luego enviados a Río Gallegos, señalando que, según su interpretación, las evidencias conducen a sostener que el destino final de los fondos eran los expresidentes.

Sobre las responsabilidades individuales, el organismo insistió en que Cristina Fernández ocupó la jefatura de la asociación ilícita, argumentando que tras la muerte de Néstor Kirchner se consolidó como la principal responsable de una estructura que mantuvo su funcionamiento a lo largo de los años.