El Gobierno de Javier Milei avanza en la redacción de un nuevo Código Penal que propone una reconfiguración del sistema punitivo argentino con el objetivo declarado de “terminar con la impunidad”. El anteproyecto, confeccionado por el Poder Ejecutivo, plantea cambios que, según su texto, buscan poner fin a lo que describe como “una tomada de pelo a toda la sociedad” y cerrar la “puerta giratoria” del sistema.

La iniciativa propone endurecer las penas en un amplio abanico de delitos. El homicidio simple, por ejemplo, aumentaría su sanción de 8-25 años a 10-30 años de prisión. Para el homicidio agravado, que ya contempla prisión perpetua, se incorporan nuevos supuestos, como cuando la víctima sea el Presidente o ministros, menores de 16 o mayores de 65 años, o cuando el hecho se cometa “en un lugar de concurrencia masiva mediante armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número indeterminado de personas”.

El endurecimiento también alcanza a figuras como lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y pornografía infantil. En el caso del robo, se incorporan figuras específicas para modalidades como “motochorros” y la apropiación de dispositivos electrónicos, elevándose la pena base.

Una de las modificaciones más destacadas es la eliminación de la prescripción para un conjunto de delitos considerados graves. Según el anteproyecto, no prescribirán, entre otros, los homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico.

En materia de ejecución de penas, el proyecto eleva los mínimos penales para que, según el cálculo del Ejecutivo, “el 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva”. Además, amplía la lista de delitos que no podrán acceder a la condena condicional y limita la liberación anticipada, excluyendo a condenados por homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas, delitos dolosos cometidos por funcionarios y reincidentes.

Otras reformas incluyen que las condenas comiencen a ejecutarse cuando el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal (sin esperar a la Corte Suprema), que las condenas perpetuas “no tengan límite temporal”, y que los funcionarios condenados por cualquier delito pierdan automáticamente sus jubilaciones de privilegio. El texto también menciona un “robustecimiento” del marco de la legítima defensa y una mayor participación de las víctimas en el proceso.