La Justicia Federal de Tucumán enfrenta una severa crisis institucional tras una denuncia por presunto tráfico de influencias y venta de sentencias, que sitúa en el centro del escándalo a Solana Esther Casella, relatora del camarista Mario Leal e integrante de la terna para jueza federal N°1. La situación se agrava por su relación sentimental con Luis Alejandro Ontiveros, principal imputado en la causa.

La denuncia fue radicada por Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, quien acusó a Ontiveros de ofrecer una resolución favorable a cambio de 100.000 dólares en una causa originada en Catamarca. Según su testimonio, la sentencia habría sido redactada por la propia Casella en su función de relatora del juez Leal.

Los abogados defensores de Ontiveros, Pablo Macarón y Camilo Atim, sostuvieron que la acusación busca perjudicar la candidatura de Casella. Argumentaron que, como relatora, carece de facultades para influir en las decisiones de un tribunal colegiado y destacaron que durante el período de las supuestas negociaciones, ella se encontraba de licencia por maternidad, haciendo “imposible” su participación.

En contraposición, la querella, representada por el abogado Juan Andrés Robles, sostiene que la red de relaciones personales y profesionales—incluyendo vínculos académicos en la UNT y el uso de vehículos oficiales—otorgaba a Ontiveros una “capacidad real de influir”. La investigación, a cargo del juez subrogante José Manuel Díaz Vélez, avanza con el análisis de pruebas clave, como la pericia al teléfono del acusado.