La intendenta Rossana Chahla promulgó una ordenanza que regula y grava la tradicional venta de achilata en la capital tucumana, una medida que ha generado un debate entre la formalización de la actividad y su impacto en los vendedores informales.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial municipal y ya en vigencia, declara de interés turístico municipal la venta de achilata. Establece que solo podrán ejercer la actividad quienes sean designados por el Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA), debiendo estar formalizados como monotributistas y ubicarse en puntos fijos determinados por la Municipalidad.

Según la ordenanza, los vendedores deberán afiliarse obligatoriamente al gremio y adquirir uniformes específicos. La gestión municipal ha presentado la iniciativa como una forma de “jerarquizar” este producto típico de la provincia.

La medida ha sido objeto de críticas en algunos sectores, que la interpretan como una carga burocrática y económica para los vendedores tradicionales. Un editorial del medio El Federalista, citado en los argumentos críticos, sostuvo que el fin de la ordenanza no sería la promoción cultural, sino “encontrar nuevos modos de recaudar” para las arcas municipales. El mismo medio argumentó que los costos del monotributo, las cuotas gremiales y los uniformes recaerán sobre los vendedores que dependen de esta actividad para su subsistencia.

La ordenanza se implementa sin que se hayan anunciado modificaciones o programas de transición específicos desde la municipalidad para los “achilateros” que históricamente han trabajado de manera ambulante. El debate pone en contraste la búsqueda de formalización y ordenamiento de una actividad característica con la preservación de la economía de los trabajadores informales que la sostienen.

Hasta el momento, la Intendencia no ha emitido comunicados adicionales detallando el proceso de implementación o posibles apoyos para la formalización de los vendedores afectados.

Fuente: El Federalista