Este martes 12 de agosto, la Corte de Apelaciones de Nueva York debe resolver el futuro de la disputa judicial por la expropiación de YPF en 2012, en un juicio que reclama US$ 16.100 millones más intereses acumulados. La decisión determinará si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de transferir el 51% de las acciones estatales, exige otro tipo de garantía o avanza hacia la ejecución.

Existen tres escenarios posibles: que se conceda la medida cautelar solicitada por Argentina (suspender el traspaso), que se ordene el pago mediante acciones u otros activos (como bonos), o que se rechace la cautelar y se habilite la ejecución.** Burford Capital, financista de los demandantes, ya adelantó que no liquidaría inmediatamente las acciones como "gesto de buena fe".

Si la Corte no suspende el fallo, Argentina enfrentaría dos caminos: negociar un acuerdo o incumplir, lo que podría derivar en embargos a reservas del BCRA, restricciones en mercados de capitales o medidas contra YPF.** El litigio no cuestiona la expropiación en sí, sino la omisión de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) prevista en el estatuto de la empresa, perjudicando a accionistas que compraron títulos en Wall Street.

El origen del conflicto se remonta a la privatización de YPF en 1993 y su posterior reestatización en 2012. El Grupo Petersen —accionista minoritario financiado por Repsol y bancos internacionales— quebró tras la expropiación, al cortarse el flujo de dividendos. Burford Capital adquirió en 2015 los derechos litigiosos de los acreedores y hoy podría recibir el 70% de lo recuperado.

La resolución de hoy no será definitiva: de mantenerse la suspensión, el debate continuará; de rechazarse, el Gobierno deberá optar entre cumplir la sentencia o asumir riesgos legales y financieros.** Mientras, la deuda sigue creciendo a razón de US$ 2 millones diarios en intereses.