NACIONALES
5 de enero de 2026
El Gobierno se retira de YMAD: Catamarca y la UNT se quedan con el control total de la empresa minera

Mediante un decreto, el Estado Nacional traspasó su participación en la firma dueña de minas como Bajo de la Alumbrera. Ahora el directorio será designado por la provincia (60%) y la universidad (40%).
El Poder Ejecutivo nacional dispuso la salida definitiva del Estado de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), traspasando su control a la provincia de Catamarca y a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). La medida fue formalizada mediante el Decreto 2/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial.
Con esta decisión, la estructura accionaria de YMAD queda conformada en un 60% por la provincia de Catamarca y en un 40% por la UNT. Ambas partes podrán acordar en el futuro la incorporación de nuevos integrantes o la transferencia de sus participaciones.
La modificación implica un cambio en el gobierno de la empresa. La provincia de Catamarca pasa a designar al presidente del directorio y a dos vocales, mientras que la UNT nombra a los otros dos vocales. Anteriormente, la designación del presidente era una facultad del Poder Ejecutivo Nacional.
El nuevo esquema establece que el ente se regirá por el derecho privado en sus relaciones con terceros y podrá gestionar créditos bancarios para financiar sus operaciones.
La norma aprobada por el decreto da validez al acuerdo firmado el 15 de diciembre de 2025 entre las tres partes (Nación, Catamarca y UNT) y modifica la Ley N° 14.771 para adecuarla a la nueva realidad institucional.
En los considerandos del decreto, el Gobierno justificó la desvinculación como parte de su plan para reducir el déficit fiscal y el sobredimensionamiento del Estado. Argumentó que, si bien el Estado Nacional no participaba en la distribución de utilidades de la mina, mantenía la posibilidad de realizar contribuciones financieras, lo que representaba un riesgo para el Tesoro Nacional. Además, sostuvo que los objetivos que motivaron la creación de la empresa en 1958 se consideran cumplidos.
La empresa tendrá un plazo de 180 días corridos para aprobar un nuevo estatuto. Una vez cumplido este paso, quedarán derogados diversos artículos de la ley original que regulaban la intervención directa del Estado Nacional en la administración y control de los yacimientos.









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