El reloj corre para Argentina: la jueza Loretta Preska otorgó 14 días hábiles (a partir del 1° de julio) para que el Estado deposite el 51% de las acciones de YPF en una cuenta de Bank of New York Mellon, paso previo a su transferencia a Burford Capital. Sin embargo, el Gobierno ya anunció que apelará la medida, lo que activará un proceso legal que podría extenderse entre 12 y 18 meses ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

¿Pago inmediato? No, pero hay riesgos. Argentina podría solicitar un "stay" (suspensión del fallo), pero la jueza podría exigir una garantía de USD 10.000 millones —casi imposible de cumplir— para concederlo. Si no se logra, el país entraría en desacato judicial, con posibles embargos a otros activos en el exterior. Burford ya anticipó que buscará ejecutar la sentencia: en 2023, embargó USD 200 millones de pagos por exportaciones de YPF en EE.UU.

Tres escenarios posibles:

1. Negociación: Burford habría estado dispuesto a aceptar USD 4.000 millones en 2018, pero ahora tiene ventaja legal. El Gobierno insiste en no dialogar, pero la presión financiera podría forzar un acercamiento.

2. Largo litigio: La apelación podría demorarse hasta 2026, especialmente si llega a la Corte Suprema de EE.UU. Mientras, YPF seguiría operando normalmente, pero con sombra legal sobre su valor accionario.

3. Intervención política: El proyecto de ley en EE.UU. para regular litigation funders (como Burford) fue archivado, pero un cambio en la administración Trump/Biden podría alterar el panorama.

El monto total ya supera los USD 17.000 millones (incluidos intereses), y crece USD 1 millón diario. Argentina no tiene fondos reservados para este pago, y un acuerdo implicaría endeudamiento o venta de otros activos. Mientras, el mercado sigue en alerta: las acciones de YPF acumulan una caída del 22% en 2024.