El Gobierno nacional anunció este miércoles un endurecimiento de la política migratoria, que incluirá la expulsión inmediata de extranjeros condenados por cualquier delito, mayores requisitos para obtener la residencia permanente y ciudadanía, y el arancelamiento de servicios de salud y educación para inmigrantes irregulares. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que las nuevas medidas buscan evitar que la Argentina sea "tierra fértil para delincuentes" y garantizar que solo quienes "vengan a trabajar y cumplir la ley" puedan establecerse en el país.

Entre los cambios más destacados, Adorni señaló que todo condenado será deportado, sin importar la gravedad del delito, y que se acortarán los plazos de apelación para agilizar las expulsiones. Además, los extranjeros en situación irregular o con residencia transitoria deberán pagar por atención médica y presentar un seguro de salud al ingresar al país. Las universidades nacionales, por su parte, tendrán la facultad de cobrar matrículas a estudiantes extranjeros, aunque se respetará su autonomía.

Adorni criticó la legislación actual, que calificó de "permisiva" y "caótica", y reveló que en los últimos 20 años ingresaron 1,7 millones de inmigrantes irregulares, cifra comparable a la población de La Matanza o Tucumán. También denunció el abuso de los "tours sanitarios", señalando que ocho hospitales nacionales gastaron $114.000 millones en atender a extranjeros en un año. "No es justo que quienes vienen de buena fe carguen con los costos de quienes violan las reglas", afirmó.

Las reformas, que se oficializarán por decreto, forman parte de las promesas del presidente Javier Milei y llegarán en un contexto electoral, ya que Adorni es candidato a legislador porteño. Este jueves, el vocero daría más detalles sobre el blanqueo de capitales, otra medida clave del Gobierno antes de la veda electoral. Con estas acciones, el Ejecutivo busca ordenar el sistema migratorio y reducir lo que considera "abusos" en el acceso a servicios públicos.