La Legislatura provincial inició esta semana el estudio de un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que reforma puntos clave del régimen tributario local. La iniciativa apunta principalmente al impuesto de sellos vinculado a operaciones inmobiliarias, fideicomisos y donaciones, en medio de las fuertes críticas generadas por la actualización de los valores catastrales aplicada desde diciembre de 2025, que encareció las escrituras y frenó el mercado.

El presidente del Colegio de Escribanos de Tucumán, Fabián Navarro de Zavalía, admitió que el nuevo esquema catastral impactó directamente en la actividad profesional. Según explicó, la valuación utilizada desde fines del año pasado resultó muy superior a la fiscal tradicional y, en muchos casos, se acercó o incluso superó el precio real de mercado de los inmuebles. Eso derivó en un aumento notable del costo de las escrituras y en una disminución de las transacciones. Si bien evitó dar cifras concretas, estimaciones extraoficiales que circulan en el sector indican una caída de entre el 67% y el 70% en lo que va de 2026.

El escribano remarcó que no corresponde hablar de una corrección del sistema, sino de un perfeccionamiento. Señaló que la legislación anterior se centró en la regla general y no contempló situaciones excepcionales que ahora se busca resolver. Aclaró que el Colegio no impulsó cambios puntuales, sino que expuso ante el Gobierno las asimetrías detectadas en la práctica diaria. Valoró la respuesta oficial y expresó su expectativa de que la nueva ley sea aprobada rápidamente.

Los ejes del proyecto. Una de las modificaciones centrales establece que la base imponible para el impuesto de sellos en transferencias inmobiliarias se calculará tomando el valor catastral vigente con una reducción del 30%, o el precio pactado entre las partes si este fuera superior. Desde el Ejecutivo provincial indicaron que la medida busca evitar que las operaciones resulten excesivamente costosas y aliviar la carga tributaria.

Además, la propuesta amplía las exenciones para la vivienda familiar única y de ocupación permanente. El beneficio alcanzará a escrituras traslativas de dominio, boletos de compraventa y créditos hipotecarios destinados a compra, construcción o ampliación de inmuebles con ese fin.

También se incorpora una exención específica para donaciones de bienes inmuebles sin contraprestación ni condiciones que alteren el carácter gratuito del acto. Alcanzará a transferencias entre cónyuges, familiares directos y colaterales hasta segundo grado, así como a sociedades integradas exclusivamente por esos mismos miembros.

Navarro de Zavalía afirmó que estos cambios podrían reactivar la actividad notarial, ya que actos como donaciones inmobiliarias o sustituciones fiduciarias se habían vuelto prácticamente inviables por el fuerte incremento del impuesto de sellos. Sostuvo que las modificaciones favorecerían especialmente a sectores de menores recursos al facilitar la escrituración de viviendas y el acceso a créditos bancarios.

Críticas desde el sector legal. El debate legislativo ocurre en un contexto de mercado inmobiliario ya debilitado por la inflación, la pérdida del ahorro, la escasa oferta crediticia y el enfriamiento económico, situación que se profundizó con el nuevo esquema impositivo.

El abogado especializado en derecho inmobiliario y fideicomisos, Francisco De Rosa, sostuvo que escriturar en Tucumán se transformó en un lujo. Advirtió que cuando cumplir la ley resulta demasiado caro, la informalidad deja de ser una elección para convertirse en una consecuencia. Cuestionó que la Provincia haya reemplazado las antiguas valuaciones fiscales por estimaciones cercanas a valores de mercado sin modificar la alícuota del 2%, lo que a su criterio generó un aumento desmedido de la carga tributaria.

Como ejemplo, señaló que un departamento tipo en barrio Norte valuado en 100.000 dólares pasó de pagar alrededor de 400.000 pesos a unos 2.200.000 pesos en concepto de sellos. En tanto, una vivienda en Yerba Buena tasada en 150.000 dólares podría afrontar una carga cercana a 4.350.000 pesos.

Para De Rosa, el nuevo proyecto representa un reconocimiento implícito de que el sistema anterior fue excesivo, aunque consideró que las modificaciones planteadas no resuelven el problema de fondo.

La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura tenía previsto iniciar en estas horas el tratamiento formal de la propuesta, en una discusión que anticipa ser uno de los ejes políticos y económicos de las próximas semanas en Tucumán.