Apenas semanas después de haber asumido la intervención de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, los nuevos interventores realizaron una serie de nombramientos de alto costo en la entidad. Según documentos oficiales a los que accedió El Federalista, entre el 20 y el 25 de febrero de 2026, la Gerencia General aprobó trece designaciones en el cargo de “Asesor de Gabinete”, bajo la modalidad de planta transitoria.

Las retribuciones asignadas equivalen a las de subgerentes departamentales nivel 5 y jefes principales de departamento nivel 6. Los montos anuales por persona oscilan entre $83.305.190,06 y $101.826.220,30. En términos mensuales, los nuevos asesores percibirán entre aproximadamente $6,94 millones y $8,48 millones.

Estas cifras superan ampliamente los salarios de los ministros del Gobierno nacional. Según datos actualizados a abril de 2026, un ministro nacional percibe un sueldo bruto mensual de alrededor de $7,9 millones, con una proyección a $8,02 millones para mayo tras los aumentos dispuestos por decreto. Los secretarios de Estado, en tanto, rondan los $7,23 millones brutos mensuales en abril. De esta forma, al menos siete de los nuevos asesores de la Caja Popular igualan o superan la remuneración de un ministro.

Dos de los nombrados son familiares del subinterventor Antonio Bustamante

La intervención de la Caja Popular está encabezada por Guillermo Norry y Antonio Bustamante, ambos dirigentes con estrecha relación con el ministro del Interior, Darío Monteros. Entre los trece designados figuran dos sobrinos de Bustamante.

Uno de ellos es Lucas Manuel Bejar, quien trabaja en el estudio profesional de Bustamante. Su retribución anual es de $90.365.723,39, lo que equivale a unos $7,53 millones mensuales. El otro es Esteban Ramiro Bustamante, también sobrino del subinterventor. Su salario anual asciende a $83.305.190,06, unos $6,94 millones por mes. Según la información documental, Esteban Ramiro Bustamante no acredita estudios formales.

Ante la consulta por los nombramientos, Bustamante se limitó a aclarar que ninguno de sus hijos fue designado y que las contrataciones responden a una “optimización” del organismo. No se refirió a los sobrinos.

El costo total anual supera los 1.165 millones de pesos

El detalle de los trece nombramientos, firmados por el gerente general Pablo D. Díaz Sánchez, incluye a las siguientes personas con sus respectivos montos anuales:

• Carlos Francisco Ortiz Soler: $101.826.220,30

• Lucas Manuel Bejar: $90.365.723,39

• Silvana Andrea Díaz: $90.365.723,39

• Rosana Yolanda Redondo Torino: $90.365.723,39

• Daniel Denet: $90.365.723,39

• Javier Peyrel: $90.365.723,39

• Graciela del Valle Dantur: $90.365.723,39

• Luis Alejandro Medina de la Fuente: $90.365.723,39

• Gustavo René Avecilla: $90.365.723,39

• Sandra Elizabeth Suasnabar: $90.365.723,39

• Esteban Ramiro Bustamante: $83.305.190,06

• Mario Marcelo Moreno: $83.305.190,06

• Juan Pablo Rosales: $83.305.190,06

El costo total anual de estos trece contratos alcanza los $1.165.033.300,99, lo que representa un gasto mensual aproximado de 97 millones de pesos.

Estas designaciones se producen en un contexto en el que el gobernador Osvaldo Jaldo ordenó la intervención de la Caja Popular precisamente para poner fin a las irregularidades de la gestión anterior. Al mismo tiempo, la provincia de Tucumán —al igual que otras jurisdicciones— ha reclamado por la caída de las transferencias nacionales y ha debido solicitar adelantos de fondos para sostener la administración pública. La lista también incluye a la esposa de un juez que se había hecho conocido por limitar la libertad de prensa a pedido de una magistrada luego destituida, así como a abogados con trayectoria privada y otras personas sin antecedentes públicos.