A las 18 de este miércoles ingresó formalmente a la Cámara Alta el proyecto de ley de reforma electoral impulsado por el Poder Ejecutivo. La víspera, durante su estadía en Israel, el presidente Javier Milei había anticipado a través de sus cuentas oficiales que la iniciativa apuntaría a tres objetivos centrales: suprimir las elecciones primarias, rediseñar las reglas de financiamiento de los partidos y agregar el requisito de Ficha Limpia para ser candidato.

El documento, que consta de 79 artículos, propone modificaciones en al menos cinco normas clave: la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la Ley de Democratización de la Representación Política, la Ley de Transparencia y Equidad Electoral, el Código Electoral Nacional y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

El mensaje presidencial y la estrategia parlamentaria

“ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre”, escribió Milei en sus redes sociales un día antes del envío formal.

La decisión de que el Senado sea la cámara de origen no es casual. El oficialismo necesita tejer acuerdos con los gobernadores provinciales, quienes tienen la llave de muchos votos en la Cámara Alta. Esos mandatarios provinciales, según admiten fuentes políticas, no están dispuestos a allanarle el camino a una eventual reelección presidencial sin garantías equivalentes para sus propios territorios.

Los ejes de la reforma según el comunicado oficial

La Oficina del Presidente difundió un documento en el que justifica la iniciativa como una herramienta para “corregir un sistema viciado de raíz”. Allí se califica a las PASO como “un experimento fallido” que en 2023 demandó 45.000 millones de pesos “sin servir para dirimir ninguna interna relevante”. A partir de la sanción de esta ley, las internas volverán a ser “un asunto interno de los partidos, no del Estado”.

En materia de financiamiento, el comunicado sostiene que actualmente solo el 10% del dinero que circula en campañas está registrado, mientras que el 90% restante es “plata negra” que a menudo proviene de actividades ilícitas. El proyecto permitirá aportes regulados de personas y empresas, y dará la opción a los partidos de renunciar por completo al aporte estatal.

Sobre Ficha Limpia, el texto oficial es contundente: “Las personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos no podrán presentarse a elecciones ni ocupar cargos en la Administración Pública”.

Requisitos más exigentes para los partidos

Para obtener personería jurídico-política, una fuerza deberá reunir al menos 50 electores fundadores por distrito y presentar acta de fundación, declaración de principios, carta orgánica, designación de autoridades, domicilio y sitio web. Luego, en un plazo de 180 días, deberá acreditar un número de afiliados no inferior al 0,5% del padrón distrital (con un tope de 2 millones). Las internas para autoridades definitivas deberán convocarse dentro de los 90 días posteriores a la personería.

El reconocimiento nacional exigirá personería en diez distritos y afiliados equivalentes al 0,1% del padrón nacional. El Ministerio Público Fiscal controlará la vigencia de esas personerías y podrá pedir su caducidad por incumplimientos como no participar en dos elecciones nacionales consecutivas o no alcanzar el 3% de los votos.

Boleta única y campañas acotadas

La reforma impone la boleta única de papel para todos los cargos nacionales, con un diseño que permite votar por lista completa o por categorías. Los partidos podrán elegir un color para su boleta hasta 65 días antes de la elección.

Las campañas solo podrán comenzar 60 días antes del comicio y deberán cesar 48 horas antes. Quienes violen ese cronograma enfrentarán sanciones que van desde la pérdida de financiamiento público por uno a cuatro años hasta multas de entre 2.000 y 50.000 módulos electorales.

Durante los 25 días previos a la votación, queda prohibido inaugurar obras públicas, lanzar planes estatales o realizar cualquier actividad oficial que pueda condicionar el voto.

Financiamiento: menos opacidad, más control

Los fondos estatales se distribuirán así: 20% en partes iguales entre todos los partidos reconocidos, y 80% de forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección de diputados (siempre que se haya superado el 1% del padrón). Se prohíben las donaciones anónimas, de empresas concesionarias, sindicatos, extranjeros o personas con procesos o condenas penales graves.

Cada partido deberá operar con una única cuenta bancaria por distrito, bajo supervisión judicial. Al menos el 10% del financiamiento público deberá destinarse a capacitación e investigación. Ningún aportante privado podrá superar el 35% del límite fijado por el módulo electoral.

Además, se prohíbe a los partidos contratar servicios de personas extranjeras, para evitar injerencias externas.

Debate presidencial, Mercosur y plazos

El proyecto elimina la obligatoriedad del debate presidencial. En materia internacional, suspende la elección directa de los parlamentarios argentinos ante el Mercosur hasta que exista una fecha única de votación en todo el bloque (el llamado “Día del Mercosur Ciudadano”). Mientras tanto, los representantes serán designados por Diputados con criterio proporcional y solo percibirán viáticos.

Los partidos ya existentes tendrán tiempo hasta el 30 de junio de 2027 para adaptarse a las nuevas reglas. También se establecen restricciones para que personas inhabilitadas no ocupen altos cargos en empresas estatales o cuerpos colegiados.