El Poder Ejecutivo dio un paso clave en su agenda legislativa al presentar, a solo dos días de la apertura de sesiones ordinarias, un proyecto de ley que reforma de manera estructural el sistema de inclusión escolar para alumnos con discapacidad. La iniciativa, firmada por el gobernador Osvaldo Jaldo y su ministro de Educación, apunta a que el acompañamiento pedagógico sea automático, gratuito y provisto directamente por el sistema educativo provincial, sin que las familias deban iniciar trámites, contratar particulares o recurrir a la justicia.

La propuesta, que lleva el número 1 del año y ya ingresó para su tratamiento en comisiones, plantea la derogación expresa de la actual Ley 9.575 y su reemplazo por un nuevo marco normativo centrado en la responsabilidad directa del Estado. El cambio medular es la reorganización del servicio de apoyo: los docentes de inclusión dejarán de ser figuras externas contratadas por las familias o de forma particular, y pasarán a integrarse como personal orgánico y estable de las escuelas de nivel obligatorio. De esta manera, el profesional dependerá del establecimiento educativo y trabajará de manera corresponsable con el equipo técnico institucional.

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo advierte sobre las consecuencias negativas que ha generado el modelo vigente, al que señala como un sistema que puede derivar en la "patologización de las infancias". Según se desprende del texto, la exigencia irrestricta de un docente de apoyo por cada estudiante con discapacidad —sumada a la prioridad del criterio médico por sobre el pedagógico— ha generado un escenario donde las familias deben obtener certificados y contratar personal externo para garantizar el acompañamiento. Para sostener este diagnóstico, la iniciativa cita a las especialistas Gisela Untoiglich y Graciela Szyber, quienes en su trabajo "Las promesas incumplidas de la inclusión" (2020) describen la situación como una "privatización del sufrimiento y de las ayudas". El proyecto recupera esa mirada para explicar que, especialmente en escuelas de gestión privada, el esquema actual deriva en un "desfile de profesionales" que intervienen en las aulas sin estar integrados al proyecto institucional.

El texto oficial aclara que la crítica no apunta a descalificar la figura del docente de apoyo en sí misma, sino a advertir sobre los efectos perversos de una implementación desregulada. Por el contrario, reconoce que puede ser una herramienta valiosa cuando su rol se define en función de las necesidades reales del estudiante y no de una demanda preestablecida por la familia o el mercado.

Uno de los puntos más salientes de la nueva normativa es el rechazo explícito a la figura del "docente sombra", es decir, aquel profesional que acompaña al alumno durante toda la jornada escolar de manera permanente. Según argumenta la iniciativa, esa modalidad puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo de la autonomía. "La valiosa presencia del docente de apoyo a la inclusión no debe ser permanente, debe forjarse en una estrategia temporal, que permita que el estudiante desarrolle habilidades sociales y académicas esenciales para su futura inserción", sostiene el proyecto, que fundamenta esta postura en bibliografía internacional.

El cambio de paradigma apunta a que sea el equipo técnico de la escuela, y no un profesional externo contratado por la familia, quien intervenga en las situaciones que requieran asesoramiento, con intervenciones reguladas según las particularidades de cada estudiante.

El énfasis del proyecto está puesto en aliviar a las familias de la carga administrativa, económica y judicial que implica el sistema actual. "Los padres de estudiantes con discapacidad que necesiten apoyo a la inclusión escolar no tendrán necesidad de realizar trámite alguno para la intervención del Sistema Educativo Provincial, no deberán contratar a su costo un docente de apoyo a la inclusión o recurrir a la Justicia para obtener dicho servicio educativo, puesto que el acompañamiento del estudiante será automático y en gratuidad provista por la Provincia", enfatiza el texto.

Con esta iniciativa, el Poder Ejecutivo deposita en la Legislatura la decisión sobre un cambio de paradigma en la educación inclusiva tucumana. El proyecto, al ser el primero del año, iniciará su debate en las comisiones correspondientes en los próximos días.