Tras un período de intensa actividad parlamentaria que incluyó dos sesiones en la Cámara de Diputados, cuatro en el Senado y una Asamblea Legislativa, el oficialismo resolvió reducir al mínimo la marcha del Congreso. La decisión, tomada en las últimas horas, responde a la necesidad de ordenar los tiempos y planificar el año con un criterio estratégico, según confiaron fuentes parlamentarias.

En la apertura del nuevo período de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei dedicó gran parte de su discurso a cuestionar con dureza a la oposición y a enumerar las reformas que el Poder Ejecutivo impulsará a lo largo del año. La lista de iniciativas es extensa, aunque por ahora no se registran movimientos concretos para ponerlas en marcha.

El primer tema que asoma en el horizonte legislativo es la reforma de la Ley de Glaciares, que había quedado pendiente de las sesiones extraordinarias. El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, se postergó para fin de mes en la Cámara de Diputados, donde se realizará una audiencia pública de carácter federal. La demora en el tratamiento sugiere que no existe un apremio especial por cerrar este capítulo, pese a que el propio Milei planea hacer alarde del tema durante su participación en la "Argentina Week" en Nueva York, con el objetivo de seducir a inversores.

El calendario legislativo de los próximos días aparece condicionado por una seguidilla de feriados entre fines de marzo y principios de abril. Recién en la semana del 6 al 10 de ese mes se abriría una primera ventana para sesionar con normalidad. Ese compás de espera contrasta con la ambiciosa meta anunciada por el jefe de Estado en la Asamblea Legislativa, donde prometió presentar una decena de paquetes de proyectos por cada uno de los próximos nueve meses. La parsimonia actual obliga al menos a poner en duda semejante declaración de intenciones.

Analistas parlamentarios interpretan que la catarata de anuncios por parte del presidente respondió más a una puesta en escena para proyectar un dominio total del juego político que a la descripción real de una estrategia legislativa integral. La poca actividad de marzo insinúa, en cambio, una búsqueda más selectiva e inteligente, que no intenta quemar toda la pólvora en un suspiro.

La reforma de Glaciares como carta de negociación

El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, que obtuvo media sanción del Senado sobre el final de las sesiones extraordinarias de febrero, se convirtió en el próximo hito a la vista. Si bien es un objetivo que el Gobierno impulsa con entusiasmo, su postergación hasta fin de mes evidencia que no hay urgencia por cerrar el capítulo de manera perentoria.

En los hechos, la Casa Rosada se reserva la sanción definitiva como moneda de cambio en la negociación con los gobernadores de las provincias cordilleranas. Esos mandatarios son los que impulsan la reforma con mayor celo, en la expectativa de que un cambio en las reglas para la exploración y explotación de minerales críticos e hidrocarburos desate una avalancha de inversiones en sus territorios.

Una vez resuelta la reforma de Glaciares, el Gobierno deberá determinar el orden de prioridades dentro del abultado repertorio de reformas que Milei anunció en la Asamblea Legislativa.

El financiamiento universitario, el proyecto no mencionado

Un tema que el presidente omitió en su discurso ante la Asamblea fue la propuesta de Ley de Financiamiento Universitario. Esa omisión habilita el interrogante sobre si hubo una marcha atrás en la iniciativa, con la que el Gobierno buscará reemplazar la norma que la oposición votó y logró poner en vigencia el año pasado.

La estrategia oficial apunta a evitar nuevas tribulaciones en la Justicia que puedan generar cortocircuitos en la gestión presupuestaria. Actualmente existe una ley vigente que el Ejecutivo se resiste a aplicar, pese a un fallo judicial que lo compele en ese sentido. Para salir del laberinto, el Gobierno decidió enviar su propio proyecto de financiamiento, con pautas de recomposición salarial mucho más exiguas que las establecidas en la norma 27.795 votada por la oposición.

La reforma electoral, un tema postergado pero impostergable

Un capítulo que sí desarrolló Milei en su discurso fue la reforma electoral y del régimen de los partidos políticos. Se trata de una iniciativa con la que el oficialismo ya había amagado en el proyecto de Ley Bases y en oportunidades posteriores, pero que nunca logró plasmar en la práctica.

El 2026 es un año no electoral, lo que otorga cierto margen para debatir cambios sin la presión del calendario comicial. Tras haber conseguido el año pasado la implementación de la boleta única de papel y la suspensión de las PASO, el Gobierno entiende que no puede esperar más y que deberá jugar todas sus fichas ahora para modificar las reglas electorales de cara al futuro.

La eliminación definitiva de las PASO figura al tope de las propuestas, pero el menú también incluye otras modificaciones: la eliminación de restricciones al financiamiento privado de las campañas, la supresión de los espacios de publicidad obligatoria en medios audiovisuales para los partidos políticos en períodos electorales, y un aumento de los pisos mínimos de representatividad para participar en las elecciones, con el objetivo de eliminar los denominados "sellos de goma".

Reforma judicial con nuevas energías

La flamante incorporación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia busca refrescar las energías del Gobierno para encarar una reforma judicial ambiciosa y profunda. Entre los puntos centrales de esa iniciativa se encuentra la federalización de los juicios por jurados, un cambio que el oficialismo considera prioritario.

Otros proyectos en carpeta

Además de los temas mencionados, el Poder Ejecutivo tiene en estudio una reforma del Código Civil y Comercial, del Código Procesal Civil y Comercial, y del Código Aduanero. También proyecta cambios en el Código Penal y una reforma tributaria que apunte a relajar la presión impositiva.

En el plano educativo, el Gobierno impulsará una ley de "libertad educativa", mientras que en materia internacional buscará la ratificación de convenios como el firmado recientemente con Estados Unidos. Completan la lista iniciativas de desregulación industrial y para la producción de bienes primarios.

Por ahora, todas esas reformas permanecen en la etapa de anuncio. La pausa que el oficialismo se tomó en la actividad legislativa sugiere que los tiempos serán más pausados que el furioso arranque de sesiones, y que la estrategia parlamentaria se construirá pieza por pieza, en lugar de intentar avanzar en todo al mismo tiempo.