La exdiputada nacional y referente de CREO se sumó al debate abierto por el titular de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, quien propuso eliminar el organismo por considerarlo un "botín político". En una serie de mensajes publicados en su cuenta de X, Omodeo aseguró que la institución no cumplió su rol en las últimas dos décadas y que su estructura, que calificó de "carísima", termina siendo financiada por los contribuyentes sin resultados concretos a cambio.

La dirigente política sostuvo que la Defensoría del Pueblo fue creada con el objetivo de proteger los derechos de los ciudadanos frente al Estado, pero afirmó que ese propósito nunca se cumplió en la práctica. "En Tucumán no hay quien nos defienda del saqueo, la inoperancia y la impunidad", expresó en su publicación, en un mensaje que sintetiza el malestar de amplios sectores de la oposición con el funcionamiento del organismo.

Omodeo fue contundente al evaluar el desempeño de la institución durante los últimos veinte años. "No hizo nada en 20 años", afirmó, al tiempo que puso el foco en el costo que representa para las arcas provinciales. Según los datos que aportó, la Defensoría del Pueblo de Tucumán requiere un presupuesto anual cercano a los $9.300 millones, cuenta con 486 cargos formalmente creados y mantiene "cientos de contratados", una estructura que, a su juicio, no se justifica por los resultados obtenidos.

La exlegisladora cuestionó con dureza la escasa producción del organismo en términos de acciones concretas en defensa de los ciudadanos. "Quien debía proteger a los tucumanos terminó ofreciendo apenas algunos trámites administrativos y algún juicio mal hecho, que ni siquiera llega a uno por año", sostuvo, en una crítica que apunta tanto a la falta de eficacia como a la ausencia de mecanismos de control sobre su gestión.

Para Omodeo, la Defensoría del Pueblo se transformó en una estructura política sobredimensionada que perdió de vista su misión original. "Un organismo creado para defender derechos terminó convertido en otra estructura política carísima", escribió, al tiempo que remarcó la falta de transparencia en su funcionamiento: "Sin resultados. Sin rendir cuentas", sintetizó en su mensaje.

La dirigente concluyó su descargo con una advertencia sobre el impacto real de este gasto en la población. "Y esa cuenta, como siempre, la pagan los tucumanos", expresó, en una frase que resume el eje de su crítica: un organismo costoso que, según su visión, no brinda las prestaciones para las que fue concebido.

El contexto de las críticas

Las declaraciones de Omodeo no surgieron en el vacío. Se produjeron luego de que el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, planteara públicamente la necesidad de eliminar la Defensoría del Pueblo, a la que calificó como un "botín político" en manos del oficialismo. Catalán había cuestionado días atrás, también a través de su cuenta en X, el proceso de designación del nuevo ombudsman y había denunciado que el organismo perdió su función de control para convertirse en una "caja política" con más de 500 empleados y cientos de contratos.

El dirigente libertario propuso reemplazar la actual estructura por un "organismo ágil, con no más de 20, 30 o 40 empleados, profesionales e independientes que realmente le resuelvan los problemas a los tucumanos". Su planteo incluyó una crítica a la falta de información pública sobre la cantidad exacta de personal, algo que atribuyó a la ausencia de una ley de acceso a la información en la provincia.

Los cuestionamientos de Omodeo y Catalán se suman a los que expresó días atrás el legislador José "Pepe" Seleme, de Avanza Tucumán, quien también criticó la designación del nuevo defensor, Agustín Fernández, y el presupuesto del organismo. Seleme había señalado que la Defensoría demandará una erogación inicial cercana a los $9.200 millones para 2026, una cifra que consideró escandalosa en una provincia con "tantas urgencias y necesidades". "Hoy no se eligió un Defensor del Pueblo, alguien que defienda los intereses de los tucumanos. Lo que se eligió es, una vez más, usar al Estado provincial como una agencia de colocación para los amigos", había afirmado el legislador.

El debate sobre el rol y el costo de la Defensoría del Pueblo se instala así en la agenda política tucumana, en un contexto donde distintos sectores de la oposición coinciden en cuestionar tanto su funcionamiento como la transparencia de su gestión, aunque con matices en las propuestas: mientras algunos plantean su eliminación lisa y llana, otros sugieren una reforma profunda que la transforme en un organismo más reducido y eficiente.