Una investigación judicial sobre el patrimonio de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reveló que una serie de gastos personales y de lujo, incluidos vuelos privados, seguros de autos de alta gama, peajes y consumos varios, se abonaban con tarjetas corporativas de la entidad rectora del fútbol nacional. El juez federal Marcelo Aguinsky, a cargo de la causa, detectó que estos desembolsos están vinculados operativamente a una mansión ubicada en el partido de Pilar.

Según consta en el expediente, la pesquisa identificó como una figura central a un hombre llamado Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro. El magistrado dispuso la baja de una tarjeta American Express corporativa a su nombre que registraba gastos promedio por 50 millones de pesos mensuales. Una consecuencia directa de esta medida fue la interrupción del servicio de DirecTV en la residencia del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en la localidad de Cardales.

La trama y los nombres de la investigación

En la estructura bajo análisis aparecen mencionadas varias personas cuyos vínculos, según los investigadores, se limitarían a los negocios del fútbol y a una relación directa con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Se trata de los santiagueños Fabián Saracco y Alejandro Molina, junto a Juan Pablo Beacon, Francisco Capurro y Mauro Paz.

La investigación judicial señala que el mecanismo de recaudación operaría a través del exdiputado Javier Faroni, identificado como el gestor de la explotación comercial de la "marca Messi". Según las indagatorias, Faroni habría canalizado fondos por montos que oscilarían entre los 300 y los 400 millones de dólares a través de la firma offshore TourProdEnter. Esos recursos no figuran en los balances oficiales de la asociación.

Financiera y cambio de domicilio

El esquema, de acuerdo con lo relevado por la Justicia, contaría con el apoyo de la financiera Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo. Esta empresa habría sido utilizada para el descuento de cheques y para otorgar préstamos a dirigentes, como el concedido a Eduardo Spinosa, directivo de Banfield.

Frente al avance de las causas impulsadas por la fiscal federal Cecilia Incardona, la conducción de la AFA inició gestiones para trasladar su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires, específicamente a Pilar. El objetivo de esta maniobra, según la investigación, sería eludir el control de la Inspección General de Justicia (IGJ) y quedar bajo la jurisdicción provincial, lo que podría otorgarle una protección legal diferente. La causa continúa su curso con el análisis de la documentación secuestrada y las declaraciones testimoniales.