El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó el decomiso de 122 bienes inmuebles pertenecientes a la ex presidenta Cristina Kirchner y a los demás condenados en la causa Vialidad, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes judiciales. La medida ejecuta la sentencia firme que en diciembre de 2022 condenó a la expresidenta a seis años de prisión domiciliaria.

El tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispuso la realización y venta de los activos identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o incorporados durante el período de la maniobra fraudulenta, comprendido entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original del decomiso, fijado en $84.835 millones, fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, utilizando criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia. La decisión se adoptó tras el incumplimiento del pago por parte de los condenados.

Entre los bienes afectados se encuentran propiedades del empresario Lázaro Báez y de sociedades de su grupo, como Austral Construcciones, así como terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El decomiso también incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

En su resolución, el TOF 2 rechazó los argumentos de las defensas, que habían esgrimido la falta de nexo causal entre los bienes y el delito, sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y la afectación de derechos de terceros. El tribunal fundamentó que el decomiso no requiere una trazabilidad contable exacta, sino una "vinculación razonable" con los beneficios de la maniobra, citando la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La sentencia consideró probada la existencia de un circuito de beneficios indebidos en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, que incluyó sobreprecios, cartelización y falta de controles a favor de Báez. Este flujo de fondos públicos, según la Justicia, generó un crecimiento patrimonial ilícito que se materializó en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.

El tribunal comunicará lo resuelto a la Corte Suprema una vez realizada la tasación de los bienes, para su eventual afectación al servicio de justicia, y ordenó su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados. Asimismo, se instó a que los fondos recuperados sean destinados a la reparación del daño social, particularmente en la infraestructura vial de Santa Cruz.

El fiscal Diego Luciani, junto a su par Sergio Mola, había reclamado previamente al TOF 2 que avanzara con la ejecución del decomiso tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles para el pago. Luciani había advertido en una disertación pública que se debía "ir por los bienes" ante la falta de pago.