El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dispuso mediante resolución que todos los legisladores que finalicen su mandato o cesen en sus funciones deberán restituir integralmente los espacios físicos, mobiliario y equipamiento electrónico que tuvieron asignados durante su gestión.

La medida, formalizada el 14 de noviembre y a la que tuvo acceso Infobae, busca desactivar la práctica de la "herencia" y negociación individual de despachos que existía previamente. La decisión responde a la inminente renovación parlamentaria del 10 de diciembre y a la necesidad de reorganizar la distribución edilicia conforme a la nueva integración de la Cámara.

Plazos y procedimientos

El procedimiento establece plazos precisos: los legisladores que culminen su mandato deberán realizar la restitución de bienes y espacios hasta el 9 de diciembre del año de finalización. En casos de cese por otros motivos, el plazo se reduce a 48 horas desde la notificación formal. Las autoridades de todos los bloques políticos deberán cumplir con esta obligación en la misma fecha límite.

La resolución se fundamenta en el principio de rendición de cuentas sobre la administración de bienes públicos, consagrado en la Constitución Nacional y en las leyes 24.156 de Administración Financiera y 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Régimen sancionatorio

El texto introduce un mecanismo de sanción económica para los casos de incumplimiento. Se establece que "el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo precedente dará lugar al descuento de la última dieta a percibir al momento del cese del legislador, hasta completar el importe total de los bienes no restituidos".

Cuando el valor de los bienes no devueltos supere el monto de la liquidación final y el legislador no abone la diferencia, la resolución instruye al Servicio Jurídico Permanente de la Cámara a iniciar las acciones judiciales correspondientes para recuperar los bienes o su valor equivalente.

Fundamento institucional

La decisión se apoya en la premisa de que los espacios físicos y recursos asignados constituyen un recurso institucional común, cuya distribución debe responder a criterios de racionalidad, equidad y operatividad. El documento señala que "la adecuada restitución de los bienes patrimoniales al momento del cese de funciones constituye una obligación esencial derivada de la responsabilidad patrimonial individual de cada funcionario público".

La resolución deroga toda norma anterior que se oponga a estas disposiciones y establece que la última dieta de los legisladores salientes solo se hará efectiva una vez concretada la devolución de todos los bienes y espacios asignados, fortaleciendo así los mecanismos de control en la gestión de recursos públicos.