El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma la ley de inteligencia desató una pulseada legislativa entre el oficialismo y la oposición, que buscará derogarlo cuando el Congreso retome sus actividades. Mientras La Libertad Avanza planea estrategias para demorar su tratamiento, los bloques opositores ya iniciaron gestiones para forzar un debate anticipado en febrero.

Los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda rechazaron enfáticamente los puntos más polémicos del decreto, que incluyen el carácter encubierto de las tareas de inteligencia y la posibilidad de que los agentes realen aprehensiones en flagrancia. Consideran que la ley habilita el debate incluso durante el receso parlamentario, aunque admiten que conseguir el quórum necesario –129 diputados– no será “fácil”.

Como primera medida, Provincias Unidas envió una nota a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, exigiendo la “regularización y designación” de los integrantes de dos comisiones clave: la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia y la de Trámite Legislativo. Esta última es la encargada de analizar la validez de los DNU dentro de los plazos establecidos por la ley 26.122.

Según esa ley, el jefe de Gabinete tiene plazo hasta el 15 de enero para comunicar el decreto al Congreso. Luego, la comisión bicameral dispone de diez días hábiles para emitir dictamen. Si no lo hace, el tema puede tratarse directamente en el recinto. Los opositores argumentan que, vencido ese plazo, las cámaras deben darle “inmediato y expreso tratamiento”, lo que, en su interpretación, habilita una sesión en febrero.

Sin embargo, el oficialismo cuenta con márgenes de maniobra. Fuentes legislativas señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que los bloques opositores reunirían, por ahora, unos 120 votos, por lo que necesitarían el apoyo de al menos nueve legisladores de bloques provinciales o de la UCR para alcanzar el quórum y la mayoría necesaria para la derogación. La ley establece que para rechazar un DNU se requiere el voto afirmativo de ambas cámaras, mientras que para convalidarlo basta con el aval de una sola.

Hasta el momento, el PRO adoptó una postura cautelosa, anunciando que un equipo especializado analiza el decreto antes de definir una posición. Por su parte, la UCR y los bloques dialoguistas no se han expedido públicamente, lo que le da margen al oficialismo para negociar y eventualmente evitar que se reúna el quórum necesario para una sesión de derogación en febrero.