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18 de noviembre de 2025

La constructora Cartellone y sus directivos, frente a la justicia por la Causa Cuadernos

El Ministerio Público Fiscal imputó a cinco altos ejecutivos de la empresa por su presunta participación en diez hechos de cohecho activo. La acusación los señala como parte de una estructura de recaudación ilegal que habría funcionado entre 2003 y 2015.

La empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A. y varios de sus principales directivos enfrentan imputaciones formales en el marco de la denominada Causa Cuadernos, según se desprende de las audiencias del juicio oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral en Lo Criminal Federal N° 7.

Durante las audiencias, el Ministerio Público Fiscal detalló el rol que se le atribuye a la compañía dentro de una presunta estructura destinada a recaudar fondos ilegales para funcionarios públicos. La acusación, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que los ejecutivos habrían realizado entregas sistemáticas de dinero a funcionarios nacionales para obtener beneficios o evitar perjuicios vinculados con obras y contratos estatales, configurando así el delito de cohecho activo.

Los imputados

Según la fiscalía, cuatro directivos fueron acusados como coautores de diez hechos de cohecho activo, mientras que un quinto fue señalado como partícipe necesario. La lista de imputados incluye a Tito Biagini (86), presidente del directorio; Gerardo Cartellone (67), director de la empresa entre 1997 y 2009; José Gerardo Cartellone (73), responsable de la compañía; María Rosa Cartellone (75), presidenta entre febrero de 2007 y mayo de 2009; y Hugo Alfredo Kot (69), integrante de la firma.

El esquema atribuido

De acuerdo con la acusación, la entrega de fondos por parte de empresas –entre ellas, Cartellone– integraba un sistema organizado de recaudación ilegal que habría funcionado entre 2003 y 2015. Los fiscales sostienen que los pagos eran canalizados a través de Roberto Barata, exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, y de su secretario, Nelson Javier Lazarte, este último imputado como partícipe necesario de 70 cohechos pasivos. Las anotaciones del chofer Óscar Centeno constituyen una pieza clave en la reconstrucción de los hechos, según el expediente.

El caso también involucra a directivos de otras empresas como Esuco, Electroingeniería, Isolux Corsán y Albanesi, acusados por hechos similares.

Contexto procesal

El debate se desarrolla ante el TOCF 7, integrado por Enrique Méndez Iñori (presidente), Germán Castelli, Fernando Canero y el juez sustituto Néstor Costabel. Las audiencias incluyeron la lectura detallada del requerimiento de elevación a juicio, donde figuran los hechos imputados y la descripción del circuito de recaudación ilícita que se investiga. Según la acusación, la presunta asociación ilícita habría utilizado vehículos oficiales, inmuebles y dependencias estatales para operar.

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