La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) declaró que el servicio de transporte público de pasajeros se encuentra en "estado de quebranto terminal" en una contundente nota dirigida a la intendenta Rossana Chahla. Los empresarios denunciaron incumplimientos normativos por parte del municipio y dejaron abierta la posibilidad de accionar judicialmente.

En la misiva firmada por el vicepresidente Jorge Berretta y el secretario César Atim, se expone "la gravísima crisis económica y financiera que atraviesan nuestras asociadas y que amenaza la continuidad misma del servicio". El documento, respaldado por una asamblea de todos los empresarios de líneas urbanas, atribuye la situación a "un cúmulo de incumplimientos sistemáticos por parte del Departamento Ejecutivo Municipal".

Los principales reclamos

Los empresarios enumeraron cuatro puntos críticos en su reclamo:

1. Tarifas desvinculadas de costos reales: Señalaron que las tarifas se fijaron "de manera arbitraria" basadas en "conveniencia política" sin reconocer los costos operativos reales, violando la Ordenanza N°400/79.

2. Falta de control del transporte ilegal: Denunciaron la "proliferación descontrolada" de servicios como Uber, DiDi y "moto-taxis" que operan al margen de la regulación, incumpliendo la Ordenanza 3260/2002 que prohíbe expresamente estos servicios.

3. Gratuidades no compensadas: Criticaron la imposición de beneficios como boletos estudiantiles y jubilados "sin prever la correspondiente compensación económica".

4. Precariedad jurídica: Manifestaron que operan sin concesiones vigentes, lo que genera "inseguridad jurídica" e imposibilita el acceso a créditos para renovar la flota.

Advertencia legal y propuesta

La nota advierte que "esta omisión de deberes compromete no solo la responsabilidad del Municipio como persona jurídica, sino también la responsabilidad personal de los funcionarios intervinientes", citando el artículo 4 de la Constitución de Tucumán. Hacen reserva de iniciar acciones legales, incluyendo denuncias penales por incumplimiento de deberes y demandas por daños y perjuicios.

Como solución, proponen implementar un sistema de pago por kilómetro recorrido, "utilizado en diversas ciudades del mundo", que permitiría al municipio garantizar la prestación retribuyendo a las empresas por el costo real de la operación, independientemente de la cantidad de pasajeros. Solicitan una reunión urgente con la intendenta y que se inicien estudios de factibilidad para implementar este nuevo modelo.