Los bloques opositores en la Cámara de Diputados consiguieron hoy la firma del dictamen de mayoría para un proyecto de ley que propone modificar la estructura de conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), transformándola de un organismo unipersonal a uno colegiado.

La iniciativa, impulsada por el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, plantea la creación de una Comisión Directiva compuesta por siete miembros. Este nuevo órgano contaría con la participación de entidades representativas del colectivo de personas con discapacidad, las cuales tendrían voz y voto en las decisiones.

El dictamen de mayoría logró reunir 29 firmas, incluyendo las de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, y los diputados Esteban Paulón (Encuentro Federal) y Yolanda Vega (Innovación Federal). Por su parte, los bloques de Democracia para Siempre, Coalición Cívica y un sector de la UCR liderado por Natalia Sarapura suscribieron un dictamen de minoría con ocho firmas. El diputado Juan Brügge (Encuentro Federal) firmó un despacho alternativo en solitario.

Tras finalizar el plenario de las comisiones de Discapacidad y Asuntos Constitucionales, Marino declaró a la agencia Noticias Argentinas que trabajará para "lograr un acuerdo con Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Encuentro Federal para conseguir votar un texto de consenso acordado en la próxima sesión".

Detalles del proyecto y posturas

Según la propuesta de Marino, la comisión directiva estaría integrada por un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo, dos vocales propuestos por el COFEDIS (Consejo Federal de Discapacidad) y tres vocales elegidos por las organizaciones de la sociedad civil del sector. El órgano requeriría de cinco miembros para sesionar y las decisiones se adoptarían por mayoría absoluta, salvo medidas específicas que necesitarían cinco votos.

Durante su intervención, el legislador afirmó que el proyecto busca "democratizar la ANDIS" y garantizar "que las organizaciones representativas tengan un mecanismo de participación directa". Hizo hincapié en la necesidad de un "organismo de control específico" para que la ejecución presupuestaria "sea transparente" y subrayó que las personas con discapacidad "no pueden esperar" porque "están en juego sus vidas y su salud".

Desde otros bloques, aunque se celebró el avance, se plantearon disidencias. Juan Brügge, quien firmó un dictamen en minoría, solicitó que el presidente y vicepresidente surjan de un "concurso público de oposición y antecedentes" para asegurar idoneidad y "despolitizar" la agencia. Carla Carrizo (Democracia para Siempre) coincidió con esta postura.

Álvaro Martínez (La Libertad Avanza) cuestionó la celeridad del tratamiento y argumentó que el proyecto "genera mayor burocracia, más funcionarios" y no especifica el origen de los recursos. Por el contrario, Sabrina Selva (Unión por la Patria) justificó la rapidez al citar "una situación de emergencia que atraviesan las personas con discapacidad".

Christian Castillo (Frente de Izquierda), por su parte, valoró que el dictamen recogiera aportes de las organizaciones y cargó contra los recortes de pensiones y los despidos en el organismo.

El proyecto establece un plazo de 180 días para su implementación desde su promulgación y obliga a la futura comisión a publicar trimestralmente un tablero de datos abiertos sobre la ejecución presupuestaria y la gestión de programas.