El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves la insistencia en dos proyectos que el Poder Ejecutivo había vetado: la emergencia pediátrica nacional y el blindaje presupuestario para las universidades públicas. Ambas iniciativas lograron los dos tercios necesarios para ser ratificadas, con 59 y 58 votos afirmativos respectivamente, en una sesión que representó una contundente derrota parlamentaria para el Gobierno.

La ley de emergencia pediátrica establece la "asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios" para insumos críticos, medicamentos, vacunas y tecnologías médicas destinadas a la atención pediátrica en el país. Además, ordena la "recomposición inmediata de los salarios del personal de salud" que atiende a población pediátrica, incluyendo a los residentes, estableciendo que dicha recomposición no podrá ser menor a la que percibían en noviembre de 2023 en términos reales. La norma declara al Hospital Garrahan como "hospital de referencia nacional" y exonera del impuesto a las ganancias al personal de salud por actividades críticas, horas extras y guardias.

Por su parte, la ley universitaria impone la actualización al 1 de enero de 2025 de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas según la variación acumulada del IPC, y establece actualizaciones bimestrales para el corriente año. También obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 en un porcentaje no inferior al IPC del mismo período, y convoca a negociaciones paritarias obligatorias cada tres meses.

Durante el debate, la senadora kirchnerista Lucía Corpacci afirmó que no se puede "mirar para otro lado cuando la sociedad nos indica diariamente qué es lo que está pasando con la atención pediátrica". En tanto, el senador de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, cuestionó a la oposición al sostener que "utilizar a niños para hacer política les debería dar vergüenza" y afirmó que el Gobierno otorgó "un 274% de aumento real" al Garrahan.

Con la ratificación legislativa, ambas leyes recuperan plena vigencia y el Poder Ejecutivo queda obligado a implementarlas, bajo los plazos y condiciones establecidos en los textos.