El año parlamentario 2025 se caracterizó por un intenso pulso entre el oficialismo y la oposición, que logró utilizar su mayoría circunstancial en el Congreso para sancionar una serie de leyes que, finalmente, fueron vetadas una a una por el presidente Javier Milei mediante decretos.

El ciclo de vetos comenzó el 23 de junio, con el decreto 424 que rechazó la Ley 27.790. Esta norma, aprobada ampliamente en Diputados, declaraba la emergencia y catástrofe por 180 días en la provincia de Buenos Aires —especialmente en Bahía Blanca y Coronel Pringles, devastadas por un temporal en marzo— y creaba un fondo de 200 mil millones de pesos.

Posteriormente, el 10 de junio, el Senado convirtió en ley la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, que buscaba actualizar aranceles de prestadores y fortalecer pensiones. Ese mismo día, la Cámara alta ratificó otras dos leyes: una que otorgaba un incremento excepcional a jubilaciones y pensiones (restituyendo un 7.2% perdido y ampliando un bono), y otra que prorrogaba la moratoria previsional.

Las tres medidas —la emergencia en discapacidad y las dos leyes jubilatorias— fueron vetadas en bloque el 4 de agosto mediante el decreto 534. El argumento oficial fue la falta de fuentes de financiamiento para afrontar su impacto fiscal.

A continuación, el Congreso sancionó en agosto la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), que obligaba al gobierno a actualizar bimestralmente los fondos para universidades públicas según el IPC y a recomponer salarios docentes, y la Ley de Emergencia Pediátrica (27.796), que declaraba la emergencia sanitaria infantil por un año y buscaba recomponer salarios de residentes y eximir de Ganancias a horas extra del personal de salud. Ambas fueron vetadas el 10 de agosto mediante el decreto 647.

La séptima y última ley vetada fue la 27.794, que modificaba la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) estableciendo su transferencia “automática y diaria” a las provincias. Su veto se oficializó el 12 de septiembre con el decreto 652.

La única iniciativa surgida desde la oposición que no encontró veto presidencial fue la Ley Nicolás 27.797, promulgada en octubre, destinada a mejorar protocolos médicos para evitar malas praxis.

Este recorrido legislativo marcó un año de alta tensión entre los poderes del Estado, donde la capacidad de sanción de la oposición se vio sistemáticamente contrarrestada por la facultad de veto del Poder Ejecutivo.