El juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello levantó esta mañana el secreto de sumario en la investigación por la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida permitirá que los imputados en la causa y sus defensas técnicos accedan al contenido de las pruebas, que incluyen declaraciones testimoniales, registros de acceso a barrios privados y peritajes realizados a teléfonos celulares.

La investigación, que continúa delegada en el fiscal Franco Picardi, se inició tras una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón. El expediente judicial menciona, por su presunta participación —aún no demostrada— en el reparto de retornos económicos vinculados a la adquisición de fármacos a la droguería Suizo Argentina, a figuras del entorno gubernamental como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

Entre las pruebas relevantes figuran audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en los que se detallaría cómo se habrían distribuido supuestos sobreprecios. Su difusión pública el 22 de agosto aceleró el curso de la causa. El fiscal ordenó la transcripción de estos audios, y tanto las defensas como la Fundación Poder Ciudadano solicitaron peritajes para verificar la autenticidad de las voces y determinar posibles ediciones. En paralelo, la defensa de la droguería solicitó que se anulen como prueba, invocando el principio de ne bis in idem, al argumentar que los hechos ya fueron investigados en una causa archivada.

La declaración testimonial de Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario, ante el fiscal Picardi, ratificó que en las conversaciones el exfuncionario mencionaba a Karina Milei y a Lule Menem. Cerimedo también relató que Spagnuolo le confesó su malestar por haber sido marginado del negocio.

Como parte de la investigación, la Justicia dispuso el acceso al contenido de cajas de seguridad de exfuncionarios como Spagnuolo y Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, así como de la familia Kovalivker. En allanamientos se hallaron sumas millonarias, y se incorporaron al expediente los registros de ingresos y egresos de los countries donde residen los implicados.

La investigación también incluyó la incautación de los correos laborales y el contenido del servidor de Suizo Argentina. Según se averigua, la ANDIS adquiría los medicamentos mediante concursos privados de precios para cada fármaco, y no por licitaciones tradicionales. La droguería Suizo Argentina figura como proveedor central en este esquema.

La empresa aseguró que apenas el 10% de su facturación depende de contratos con el Estado y que su negocio principal es abastecer a farmacias, clínicas, hospitales, prepagas y obras sociales.

La Justicia ya incautó los expedientes administrativos de la ANDIS y las facturas emitidas por la droguería, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza la documentación en busca de sobreprecios y anomalías en los procedimientos.

Esta semana, la Fundación Poder Ciudadano se pronunció en contra del pedido de nulidad presentado por los dueños de la droguería. Con el levantamiento del secreto de sumario, el juez Casanello puede ahora resolver ese punto central de la investigación.