El Gobierno nacional confirmó que promulgará la ley de discapacidad que el Congreso ratificó tras rechazar el veto del presidente Javier Milei, pero aclaró que no la reglamentará hasta definir el origen de los recursos necesarios para financiar su implementación, que según estimaciones podría alcanzar los $3,6 billones.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó que el Poder Ejecutivo acatará la voluntad legislativa pero condicionó la aplicación efectiva de la norma a la resolución de su financiamiento. "Vamos a promulgar la ley como corresponde. También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos", señaló el ministro coordinador en declaraciones a Clarín.

El costo de la ley y el debate por su financiamiento

La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación había informado que la iniciativa "podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, que implicaría un refuerzo fiscal de entre $1.889.371 y 3.627.495 millones de pesos, gasto equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI".

Adicionalmente, precisó que por la compensación de emergencia a prestadores, el financiamiento exigido estaría en el orden de los $278.323 millones, mientras que la asignación para talleres de producción ascendería a $7.160 millones.

Francos cuestionó la falta de especificidad sobre el origen de estos recursos: "No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?".

Contexto de la ley y su impacto

La ley de emergencia en discapacidad fue dictada tras una masiva movilización de la sociedad civil, debido a una crisis en todo el sistema de atención por el congelamiento de los recursos destinados a la asistencia de esa población. Esta situación se combinó con una reducción drástica en la cantidad de beneficiarios, tras una auditoría de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la gestión de Diego Spagnuolo, quien fue expulsado del gobierno nacional tras conocerse audios que revelaban un supuesto circuito de coimas.

La norma había sido impulsada por la oposición y obtuvo un masivo apoyo parlamentario -incluso de fuerzas que fueron aliadas del oficialismo- superando en Diputados y el Senado los dos tercios exigidos para rechazar el veto presidencial.

Principales puntos de la ley

Entre los aspectos centrales de la ley se encuentra el financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social. La medida define que podrán acceder a este beneficio quienes posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), no registren ingresos superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, no perciban planes similares y pasen una evaluación socioeconómica.

La asignación corresponderá al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleo registrado. El texto también fortalece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral estableciendo la actualización automática y mensual de aranceles ajustada al IPC y crea un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para empresas y trabajadores vinculados al sistema de discapacidad.

El Gobierno ahora avanza en la promulgación pero deja en suspenso la reglamentación hasta tanto se resuelva el crucial aspecto del financiamiento, lo que anticipa nuevas negociaciones con el Congreso en las próximas semanas.