Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) reveló serias irregularidades y disparidades en la gestión de las pensiones no contributivas por invalidez a nivel nacional. El documento destaca que, mientras el promedio nacional es de 25 pensiones por cada 1.000 habitantes, en Tucumán esta cifra asciende a 38, lo que representa un 34% más que la media. La provincia además cuenta con 70.763 Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), posicionándola como la quinta jurisdicción del país en cantidad de estos certificados.

El análisis detectó profundas diferencias en la distribución de estas prestaciones entre provincias. Chaco registra 86 pensiones por cada 1.000 habitantes, Salta, Tucumán y Catamarca alrededor de 40, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la proporción es de apenas 8. Según IDESA, esta dispersión evidencia una falta de uniformidad en los criterios de otorgamiento, siendo particularmente preocupante que en varias provincias "haya más pensiones por invalidez que Certificados Únicos de Discapacidad", lo que sugiere "mecanismos muy permeables a las irregularidades".

El organismo criticó duramente la implementación de las auditorías masivas realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), calificando los instrumentos utilizados como "rudimentarios". El informe describe que las citaciones se enviaron "de manera masiva y sin criterio estratégico", resultando en "maltrato a gente inválida soportando largas demoras" y "suspensión del beneficio de manera arbitraria". Este procedimiento finalmente fue suspendido, dejando sin resolver los casos de posibles fraudes.

IDESA concluyó que el escándalo en ANDIS "denota severos problemas de gestión" que no se resuelven solamente con ajustes financieros. El informe enfatiza que se requieren "ideas innovadoras y equipos profesionales" para garantizar una gestión eficiente y transparente, subrayando que es imposible un buen funcionamiento de la economía "sin abordar ambas dimensiones: la financiera y la de gestión".