El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, oficializó hoy un mecanismo para que organismos y empresas públicas inviertan sus excedentes presupuestarios en títulos soberanos. La resolución 62/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece que estas entidades deberán reportar mensualmente sus movimientos financieros y disponibilidad de fondos, para luego canalizar esos recursos hacia instrumentos de deuda pública. La medida complementa un decreto previo que ya había fijado este marco general.

La decisión se da en un contexto en el que el Gobierno busca reducir la cantidad de pesos en circulación. Ayer, la Secretaría de Finanzas, liderada por Pablo Quirno, renovó $11,8 billones en letras a tasas de hasta 65% anual, muy por encima de la inflación proyectada (20%). "No queremos que sobren pesos en el mercado", justificó Quirno en redes sociales, ante las críticas por el alto costo financiero.

Analistas señalan que la estrategia tiene un doble objetivo: por un lado, sostener la demanda de deuda en pesos en un escenario de eliminación de las LELIQs; por otro, evitar que los excedentes del sector público alimenten presiones inflacionarias. Sin embargo, la licitación de ayer dejó en evidencia el desafío: para atraer inversores, el Gobierno debió ofrecer rendimientos récord, lo que generó cuestionamientos por el riesgo fiscal que implica.

Mientras el oficialismo insiste en que estas medidas son transitorias y apuntan a ordenar las cuentas públicas, la oposición advierte sobre el "alto costo" de la política de absorción monetaria. El próximo test será la capacidad del Tesoro para colocar deuda a tasas más bajas, en un mercado aún receloso ante la incertidumbre cambiaria y el impacto de la reforma financiera.