La jueza federal Loretta Preska definirá el próximo lunes si suspende la sentencia que obliga a Argentina a entregar el 51% de YPF a fondos especulativos. El Gobierno ya presentó una apelación ante la Cámara del Segundo Circuito, anticipando que podría llevar el caso hasta la Corte Suprema de EE.UU. si el fallo le es adverso.

En su recurso, la defensa argentina sostiene que la orden de Preska viola la legislación federal estadounidense, incluida la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA). También cuestiona la jurisdicción extraterritorial del fallo y apela a principios de cortesía internacional.

Un elemento clave es la Declaración de Interés presentada por el Departamento de Justicia durante la administración Trump, que Argentina interpreta como respaldo a su posición. El Gobierno insiste en que la expropiación de YPF en 2012 fue un acto soberano fuera de la competencia de tribunales extranjeros.

La decisión del lunes marcará el rumbo inmediato del litigio. Si se rechaza la suspensión, Argentina deberá acelerar su estrategia legal para evitar una ejecución forzosa de las acciones. El caso podría prolongarse años, pero la resolución inicial tendrá repercusiones financieras y diplomáticas.

Mientras tanto, el país mantiene su postura de no negociar con los fondos buitre, alineándose con su histórica política frente a demandas especulativas. El lunes se conocerá si la justicia estadounidense concede un respiro o acelera un conflicto con implicancias para la propiedad estatal de empresas estratégicas.