El juez federal Sebastián Casanello procesó este miércoles al ex presidente Alberto Fernández por el escándalo de los seguros estatales, imponiéndole un embargo histórico de $14.634 millones por su responsabilidad en el decreto que otorgó el monopolio a Nación Seguros. En un fallo de 400 páginas, el magistrado lo imputó como autor de "negociaciones incompatibles con la función pública", revelando un entramado de favores con su secretaria María Cantero y el empresario Héctor Martínez Sosa.

La investigación demostró que Martínez Sosa —amigo personal de Fernández— facturó $2.297 millones en comisiones entre 2019-2023, beneficiándose de contratos con 19 organismos públicos, incluidos cuatro ministerios y la Corte Suprema. Los chats exhiben cómo Cantero actuó como nexo: "Tenés un amigo Presidente. Esto pasa una vez en la vida", le escribió al empresario tras la asunción. El juez destacó que su designación generó "confusión de intereses objetiva".

Casanello reconstruyó una red de influencias que incluyó a Daniel "El Gordo" Rodríguez, ex intendente de Olivos, quien en 2018 advirtió: "Alberto tendrá que devolver favor". Las pruebas muestran que Fernández facturó $4,2 millones a Martínez Sosa hasta días antes de asumir la presidencia por supuestos "informes políticos", según la PROCELAC.

Además del ex mandatario, fueron procesados 11 exfuncionarios —incluido el ex titular de Nación Seguros— y 5 empresarios. El juez ordenó allanamientos en 10 empresas vinculadas al caso, mientras archivó las imputaciones contra otros 6 acusados por falta de mérito.

El fallo marca un hito en la lucha contra la corrupción: es la primera vez que se judicializa a un expresidente por aprovechamiento de su círculo íntimo. Los embargos y las pruebas documentales (667 chats y 662 páginas de informes) configuran uno de los casos más graves de presunto tráfico de influencias en la historia reciente.