El Gobierno argentino presentó este 9 de julio una apelación urgente ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, buscando revertir la orden de la jueza Loretta Preska que obliga a transferir el 51% accionario estatal de YPF a fondos demandantes. El movimiento legal, firmado por el estudio Cleary Gottlieb, se concretó sin esperar la resolución sobre el pedido de suspensión ("stay") del fallo presentado días atrás.

Expertos como Sebastián Maril de Latin Advisors señalan que la estrategia, aunque válida, rompe con el protocolo habitual: "Argentina podría haber esperado la decisión de Preska sobre el stay antes de apelar". El caso deriva de la expropiación de YPF en 2012, que en 2023 terminó con una condena al Estado por USD 16.000 millones a favor de Burford Capital y otros fondos.

Fuentes oficiales confirmaron a este medio que la administración Milei descarta cualquier negociación y prepara una defensa multinivel: desde solicitar la intervención del gobierno estadounidense hasta denunciar operaciones de "buitres domésticos". Apuntan a declaraciones de Axel Kicillof y supuestos intereses corporativos que buscarían beneficiarse con una YPF debilitada.

El riesgo inmediato es que Preska exija garantías para conceder el "stay". Si Argentina no las ofrece y los demandantes piden declarar al país en desacato, podría afectar su reinserción financiera internacional. El Gobierno insiste en que agotará todas las instancias judiciales, aunque analistas advierten sobre posibles efectos en la credibilidad institucional.

La pulseada legal coincide con la tensión en Vaca Muerta, donde YPF -aunque técnicamente fuera del litigio- enfrenta incertidumbre. Mientras el oficialismo habla de "defender los intereses de todos los argentinos", la oposición cuestiona la falta de una estrategia preventiva ante un fallo que se veía venir desde 2023.