La colocación de US$ 1.000 millones en bonos para inversores extranjeros (BONTE 2030) desató un intenso debate entre economistas, divididos entre quienes celebran el refuerzo de reservas y quienes alertan por su costo fiscal y monetario. Con una tasa fija del 29,5% anual —muy superior al 20% de inflación implícita proyectada—, el bono pagará en su primer cupón (noviembre 2025) $160.000 millones, equivalente a 4,8 veces los intereses totales en pesos abonados en marzo pasado.

Gabriel Caamaño y Cristian Buteler cuestionaron el discurso oficial de "no ampliación de la base monetaria": "El BCRA emitió pesos al girar utilidades al Tesoro para rollear deuda local, y esos pesos terminaron financiando dólares sin que estos ingresen por la banda cambiaria", explicó Buteler. Jorge Carrera recordó que la tasa supera incluso la de los BOTE 2018 emitidos durante la crisis de las LEBAC, mientras Hernán Letcher advirtió que "priorizar captación de dólares con este tipo de cambio real hizo inevitable una tasa elevada".

Frente a las críticas, el director del BCRA Federico Furiase defendió la operación: "Logramos reservas sin aumentar deuda, extendiendo el plazo de los pesos a tasa fija y enviando señales a mercados internacionales". Destacó que el rendimiento del 12% en dólares (arbitrado con el AL30) valida expectativas de estabilidad.

Mientras Nau Bernués calificó la tasa como "un poco alta" y anticipó volatilidad al inicio de la cotización, Nicolás Gadano subrayó que, a diferencia de las LECAP, este bono paga intereses periódicos, lo que incrementa la presión fiscal. El debate refleja el delicado equilibrio entre acumulación de reservas y sostenibilidad financiera, en un contexto donde el Gobierno busca evitar crisis cambiarias sin renunciar a su ancla antiinflacionaria.