La Municipalidad de San Miguel de Tucumán denunció penalmente un presunto desvío de 500 millones correspondientes a aportes provinciales reintegrables otorgados entre 2020 y 2021. Según el fiscal municipal Conrado Mosqueira, solo 250 millones aparecen en registros oficiales, mientras que el resto habría sido transferido a una cuenta bancaria no declarada a nombre del municipio. Documentos del Banco Macro confirman cuatro depósitos de $125 millones cada uno a esa cuenta.

El exintendente Germán Alfaro negó haber sido notificado y calificó la acusación como una "maniobra política". Sin embargo, se hallaron cesiones de coparticipación firmadas por él por el monto cuestionado, lo que sería un reconocimiento implícito de la deuda. Alfaro insistió en que lleva "un año sin hablar públicamente", pero no refutó las pruebas documentales presentadas.

Este caso se suma a otras irregularidades detectadas por la gestión de Rossana Chahla, como la desaparición de una camioneta de la Dirección de Deportes cuando era liderada por la ahora concejal Ana González. Un inventario reveló que no existen registros de bienes municipales entre 2019 y 2021, y González no pudo explicar el paradero del vehículo. La funcionaria fue cesanteada y enfrenta un sumario administrativo.

Chahla señaló que ya hay tres denuncias penales contra exfuncionarios de la administración anterior, pero criticó la lentitud judicial. "Vamos a seguir insistiendo para esclarecer el destino de estos fondos", afirmó. Desde que asumió, su equipo impulsó auditorías exhaustivas para ordenar las finanzas municipales, en un proceso que ya destapó múltiples presuntas irregularidades.

El escándalo reaviva la pugna política entre el actual gobierno local y la anterior gestión. Mientras Chahla promete "transparencia total", Alfaro y sus excolaboradores insisten en que son víctimas de una persecución mediática. La Justicia deberá ahora determinar si hubo malversación o si, como alega el exintendente, se trata de un enroque administrativo dentro de la legalidad.