El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, será sometido a juicio oral por el presunto delito de abuso sexual simple. Se trata de la causa en la que se investiga supuestas agresiones sexuales contra Melody Jacqueline Rakauskas en mayo de 2021. La denunciante se desempeñaba como su secretaria privada al momento de los hechos. El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, Fernando Mario Caunedo, resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento presentado por Espinoza. La fiscalía avaló la decisión y elevó la causa a juicio tal como lo solicitó la querella. De ser condenado, la pena podría ascender a cuatro años de prisión.

El máximo referente peronista de La Matanza será juzgado también por desobedecer una orden de restricción dictada en 2021. La misma le impedía acercarse o contactarse con Rakauskas. No obstante, según consta en la acusación, Espinoza habría contactado a la denunciante a través de la expareja de ella, Gustavo Cilia (allegado al intendente), con la intención de que la mujer retirara la denuncia.

La denuncia

Rakauskas asegura haber sufrido abuso sexual por parte de Espinoza el 10 de mayo de 2021. Según la denuncia, el intendente se hizo presente en su casa en tres ocasiones para tratar temas “laborales”. En uno de esos encuentros, Espinoza habría comenzado a insinuársele. Pese a la resistencia de la mujer, el funcionario habría comenzado a forzarla y manosearla. El Ministerio Público Fiscal y los camaristas valoraron el relato de la víctima y distintas evidencias que coincidieron con sus dichos. La Justicia decidió finalmente confirmar el procesamiento de Espinoza por el delito de “abuso sexual simple”.

Con respecto al delito de desobediencia, los jueces consideraron que también debía confirmarse el procesamiento. Según el expediente, el funcionario habría quebrantado la disposición judicial que le impedía acercarse a la denunciante o contactarse de cualquier forma con ella. El imputado la habría contactado a la mujer a través de una expareja para que desistiera de la denuncia radicada y además habría hablado por teléfono con ella. También, le habrían enviado un documento “en blanco” para remitir al juzgado para dar de baja la denuncia judicial. La jueza de primera instancia, María Fabiana Galetti, dispuso también un embargo sobre sus bienes de $1.500.000. El procesamiento fue ratificado por la sala VII de la Cámara de Crimen.

Fuente: Vove