El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, consiguió ayer la media sanción de la Cámara de Diputados para su proyecto de eliminación de normas obsoletas conocido como “ley hojarasca”. La iniciativa, que forma parte del plan de reforma del Estado impulsado por el Poder Ejecutivo, derogará unas 58 leyes, modificará artículos de otras ocho y anulará dos decretos que aún figuran en el ordenamiento jurídico argentino pero que, según el oficialismo, han perdido toda vigencia práctica. El texto ahora será remitido al Senado para su tratamiento definitivo.

El criterio central del proyecto, explicaron desde el equipo de Sturzenegger, es que “nadie está privado de hacer lo que la ley no prohíbe”, por lo que no tiene sentido mantener autorizaciones explícitas para actividades que no dañan a terceros. Entre las normas alcanzadas figuran algunas de carácter pintoresco, como la exigencia de un carnet de mochilero —que habilitaba la detención policial de quienes solicitaban ayuda para viajar— o el registro nacional de palomas mensajeras a cargo de la Federación Colombófila Argentina. También se eliminará la ley que permitía la transmisión de televisión a color, hoy innecesaria ante la existencia de un marco normativo moderno.

Los fundamentos detrás de cada derogación

Según el diagnóstico oficial, muchas de estas disposiciones nunca fueron reglamentadas, cayeron en desuso por el avance tecnológico o fueron superadas por leyes posteriores. Otras, en cambio, contravienen principios constitucionales como la igualdad ante la ley o la libre circulación. Tal es el caso de la ley que otorgaba privilegios de estacionamiento y libre tránsito a legisladores y funcionarios del Congreso, o la que autorizaba a la policía a ingresar a reuniones en lugares cerrados sin orden judicial.

El proyecto también apunta a desmantelar comisiones, fondos y organismos que, según el Gobierno, ya no justifican su existencia. Entre ellos, la Federación Argentina de Municipios y el Círculo de Legisladores dejarán de recibir financiamiento del Estado nacional, aunque podrán sostenerse con aportes voluntarios de sus miembros. También se suprimen premios financiados con recursos públicos, como el Premio Nacional a la Calidad y el galardón “Prevención de las Adicciones”, bajo el argumento de que el sector privado no necesita que el Estado lo premie por su eficiencia.

Normas anacrónicas y herencia de gobiernos militares

Varias de las leyes a derogar pertenecen al siglo XIX o a dictaduras militares. Por caso, una norma de 1864 inhabilitaba por diez años a cualquier autoridad que ordenara azotar a una persona —una pena ya prohibida por la Constitución—. Otra, de 1972, declaraba de interés nacional la difusión de la “música argentina” y otorgaba beneficios impositivos bajo la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, lo que el proyecto califica como una “motivación de control cultural”. También se elimina la ley que permitía el aislamiento compulsivo de enfermos de lepra, descripta como “de corte netamente medieval”.

En materia de defensa y energía, quedan sin efecto leyes que regulaban la compra de automóviles nacionales por parte del Estado —considerada una traba a la eficiencia—, la liquidación de regalías petroleras de 1989 que ya no se aplican, y disposiciones sobre exploración de hidrocarburos superadas por normativas posteriores. El proyecto también deroga la ley que otorgaba beneficios impositivos a compañías de seguro agrícola, sustentada en artículos ya eliminados del Código Civil.

El impacto en la burocracia estatal y la libertad de expresión

Entre las normas más polémicas que desaparecerán figura la conocida como “ley de Bienes Culturales” (N° 25.750), que restringía la propiedad extranjera en medios de comunicación al 30% del capital accionario. El oficialismo la considera inconstitucional y restrictiva de la inversión extranjera. También se deroga la ley que creaba el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel Prensa y Celulosa, por considerársela un límite a la libertad de prensa.

La ley que obligaba a quienes demolieran una propiedad con salas de teatro a construir un nuevo teatro con características similares también será eliminada. El proyecto argumenta que esa norma “reduce los incentivos a la instalación de nuevos teatros”, genera edificios abandonados y finalmente requiere intervención estatal.

Otras disposiciones que caen son las que regulaban la microfilmación en el Ejército y la Armada —reemplazada por el avance digital—, el censo técnico permanente de infraestructura que nunca se realizó, y el complejo portuario en aguas profundas de Cabo San Antonio, un proyecto que nunca superó la etapa de prefactibilidad. La votación final en Diputados arrojó 139 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones, con respaldo del PRO, la UCR, el MID y otros bloques aliados.