En la mañana de este, el vicegobernador y presidente de la Legislatura de Tucumán, Miguel Acevedo, mantuvo un encuentro en la Cámara con un colectivo de abogadas y activistas que promueven una modificación legal. La iniciativa busca que las personas que sufrieron abuso sexual infantil a manos de un progenitor puedan solicitar, dentro del expediente penal y sin requerir un juicio civil paralelo, la eliminación del apellido del agresor de sus documentos de identidad.

Las impulsoras del proyecto son las letradas Ingrid Lausberg, Jimena Gómez Roselló, Johana Resolla y Sofía Rubino, esta última reconocida como sobreviviente de abuso y autora del libro Somos Sobrevivientes. A la reunión asistieron también las diputadas Sara Lazarte y Maia Martínez, ambas miembros de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad, órgano que tendrá a su cargo el análisis del texto y la elaboración del dictamen correspondiente.

Durante el encuentro, la abogada Ingrid Lausberg detalló los alcances de la propuesta. Explicó que el objetivo central es proteger la identidad de la víctima y brindarle herramientas para rehacer su vida sin llevar el apellido de quien la agredió. Aclaró que la medida no implica un gasto presupuestario significativo, pero reconoció que su impacto en el plano social es profundo. Lausberg enfatizó el rol de los abogados como puente entre la ciudadanía y la administración de justicia, y remarcó la necesidad de incorporar esta mirada. “El espíritu de la ley es que la víctima, ya sea niño, adolescente o adulto, pueda optar dentro del mismo proceso penal por suprimir el apellido del agresor”, afirmó, y agregó que esto permite superar el estigma y no perpetuarse en el victimismo.

Por su parte, Johana Resolla subrayó que el proyecto resguarda derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes vulnerados, en particular el derecho a la identidad y el acceso a una justicia más ágil. Señaló que son muchos los menores que atraviesan estas situaciones y que, en el sistema actual, terminan siendo revictimizados una y otra vez. “Lo que buscamos es simplificarles la vida y contribuir a que puedan reconstruirla”, sostuvo. Resolla valoró la apertura de las autoridades legislativas y se mostró confiada en que pronto se sancione una norma protectora.

Sofía Rubino, sobreviviente y activista, compartió su vivencia personal. Relató que acercaron a la Legislatura no solo el proyecto de ley, sino también el trabajo de activismo que desarrollaron tras concluir un proceso penal que se extendió por ocho años y que culminó con la condena más alta dictada en Tucumán por este tipo de delitos. “Vinimos a mostrar todo lo que hicimos después del proceso penal, todo el trabajo de activismo y lo que significa atravesar un proceso de ocho años”, expresó. Sobre la recepción del vicegobernador, destacó que hubo una escucha muy activa y que se puso a disposición una comisión completa para acompañar a más personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes.

La legisladora Maia Martínez ponderó el valor del relato de Rubino y el papel de la comisión para transformar esas experiencias en instrumentos legales. “Una enorme tarea de la Comisión de Familia es lograr, a partir de estos testimonios, convertirlos en proyectos y en leyes para que muchas personas en Tucumán no sigan atravesando lo mismo”, afirmó. Finalmente, Sara Lazarte añadió que fue muy movilizante escuchar a esa joven, que esperó tantos años una sentencia y que hoy acerca una propuesta tan relevante. “La comisión se va a poner a trabajar. Como dice nuestro vicegobernador, la Legislatura está abierta para todos aquellos que quieran acercar una propuesta”, concluyó.