La Comisión de Asuntos Constitucionales y la de Legislación General del Senado emitieron un dictamen de mayoría sobre el proyecto de Propiedad Privada, que será debatido en el recinto dentro de quince días. La iniciativa, respaldada por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Provincias Unidas y Despierta Chubut, elimina los topes vigentes para que empresarios extranjeros adquieran tierras, pero otorga a cada provincia la potestad de autorizar esas operaciones.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, anticipó la sesión para mediados de junio y señaló que el oficialismo buscará sumar adhesiones de otros espacios, como el peronista Convicción Federal, en el transcurso de esas dos semanas.

Las principales modificaciones al texto original

Según detalló Bullrich al abrir el debate, los cambios incorporados surgieron de los aportes de expositores y senadores de distintas bancadas. Entre las modificaciones más relevantes se encuentran: la fijación de límites al lucro cesante en expropiaciones, la definición de una tasa de interés concreta, la diferenciación entre usurpadores y ocupantes legítimos en los procedimientos de desalojo, y la eliminación del capítulo referido al RENAVAP (Registro Nacional de Barrios Populares), que será tratado en una ley específica.

Sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, Bullrich explicó que la medida “apunta a fortalecer el federalismo, dejando en manos de cada provincia la regulación sobre posibles restricciones”. En cuanto al capítulo de Manejo del Fuego, indicó que se buscó un consenso entre distintas propuestas para alejarse de una visión centralista y permitir que las provincias decidan según su realidad.

El rechazo del peronismo y el dictamen de minoría

La senadora Jimena López (peronismo) criticó la celeridad del tratamiento. “Nos están haciendo circular un dictamen con varias modificaciones y sin tiempo para poder analizarlo”, protestó y propuso una nueva reunión de comisión. Por su parte, el ex gobernador Jorge Capitanich reclamó que la ley de Manejo del Fuego sea congruente con la ley general de ambiente y con el Acuerdo de Escazú, y sugirió someter ese capítulo a audiencias públicas.

Convicción Federal —espacio que responde a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán)— impulsó su propio despacho de minoría. Su presidenta, Carolina Moisés, señaló que la potestad de las provincias sobre su territorio ya está en la Constitución, aunque advirtió que el proyecto también exige la autorización del Poder Ejecutivo nacional.

El respaldo de la UCR y los detalles técnicos

El presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, acompañó el dictamen y destacó que muchas de las modificaciones leídas por Bullrich fueron propuestas originales de su bancada. Sobre la autorización provincial para la venta de tierras a extranjeros, Vischi consideró que “no es una contradicción” porque las provincias tienen la facultad de velar por sus recursos naturales.

En cuanto a los desalojos, el proyecto distingue dos situaciones. Para los casos de usurpación —ocupación ilegal sin título— se aplicará un juicio sumarísimo que permite el desalojo exprés. Para los inquilinos que se demoran en el pago de sus obligaciones, se establece un plazo de 10 días hábiles para intimar al moroso (en lugar de los 5 que proponía el Ejecutivo), contados desde una notificación fehaciente dirigida al domicilio denunciado en el contrato, sea real o electrónico. Si el locatario se niega a recibir la notificación, se tendrá por válida igualmente. Ante el incumplimiento, el propietario podrá iniciar una acción judicial que deberá tramitar por el procedimiento más breve previsto en la ley.

Las restricciones a la compra de tierras por Estados extranjeros

El proyecto prohíbe expresamente que los Estados extranjeros, así como organizaciones empresariales con participación estatal en su capital o en la toma de decisiones, o fondos fiduciarios integrados mayoritariamente con bienes de un Estado extranjero, puedan adquirir tierras en Argentina.