El juez federal Ariel Lijo dispuso una nueva prórroga del secreto de sumario en el expediente que investiga un presunto entramado de corrupción vinculado a la obtención de dólar oficial durante la gestión de Alberto Fernández. Se trata de la tercera extensión consecutiva de la medida, que regirá por otros diez días hábiles.

La decisión responde a la necesidad de completar una serie de medidas de prueba pendientes, entre las que se incluyen nuevos allanamientos programados para los próximos días. El caso, que tiene como eje central operaciones irregulares con el sistema de importaciones SIRA, alcanza un monto superior a los 3,5 millones de dólares y mantiene bajo la lupa a cuatro empresarios acusados de haber pagado coimas para saltar los controles cambiarios.

La investigación quedó a cargo del fiscal Franco Picardi y se concentra en un mecanismo conocido durante el período de cepo más restrictivo como “rulo financiero”: la compra de divisas a precio oficial para luego revenderlas en el mercado informal, obteniendo ganancias extraordinarias. Entre los señalados aparece Elías Picirillo, ex esposo de la modelo Jesica Cirio, quien habría estado vinculado a una casa de cambio que durante 2023 movió 252 millones de dólares.

Hasta el momento, la Justicia logró identificar cuatro firmas involucradas en la trama. Además, la fiscalía detectó transferencias por más de 500 millones de dólares canalizadas a través de dos entidades bancarias que se encuentran bajo análisis. Entre las acciones ya ejecutadas se cuentan múltiples allanamientos, el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas humanas y jurídicas, y el envío de pedidos de informes urgentes al Banco Central, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Secretaría de Comercio.

De acuerdo con la hipótesis delictiva que maneja el Ministerio Público Fiscal, funcionarios del BCRA y de otros organismos estatales habrían facilitado la aprobación de permisos de importación a cambio de sobornos que representaban entre el 10 y el 15 por ciento del valor de cada operación. Esas divisas, conseguidas a un valor regulado, terminaban siendo comercializadas en el circuito paralelo del dólar blue, integrado por casas de cambio, operadores informales y compradores finales.

El expediente tomó estado público a raíz del testimonio de un arrepentido: uno de los supuestos policías que participó en un falso operativo contra el empresario Francisco Hauque —en el que le plantaron drogas y un arma de fuego en su automóvil— decidió colaborar con la Justicia y entregó un pendrive con información comprometedora. Ese material contenía datos sobre varios financistas, entre ellos el propio Picirillo, Hauque, Martín Migueles y Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas.

En uno de los audios que forman parte de la causa, la funcionaria del BCRA Romina García habría hecho referencia a la existencia de “gente de arriba entongada”, una expresión que apuntaría a autoridades superiores del organismo durante la presidencia de Miguel Ángel Pesce.

Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 se llevaron a allanamientos en oficinas del Banco Central —particularmente en el área de Supervisión de Entidades No Financieras—, así como en domicilios particulares de empresarios y en sedes de casas de cambio. En esos operativos, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación vinculada a los permisos de importación cuestionados.

La Justicia sostiene que el presunto esquema ilegal no habría sido una acción aislada de unos pocos agentes, sino que habría exigido la articulación de múltiples dependencias que dependían de la órbita de influencia de quien fuera ministro de Economía, Sergio Massa. Entre esos organismos se mencionan la Dirección General de Aduanas, la AFIP (DGI), el propio BCRA y la Secretaría de Comercio.

Con las medidas de prueba en curso, el objetivo del tribunal es reconstruir la trazabilidad completa de las operaciones, identificar cada pedido de divisas presentado ante el Banco Central y determinar el derrotero final del dinero obtenido por la presunta red.