El Gobierno nacional decidió recurrir a una herramienta judicial poco frecuente para destrabar el conflicto en torno a la reforma laboral. Se trata del "per saltum", una vía excepcional que permite que la Corte Suprema de Justicia intervenga de manera directa en un caso, sin esperar que el expediente pase por las instancias ordinarias, como las cámaras de apelación.

Este mecanismo extraordinario está reservado para situaciones de "gravedad institucional" o cuando la urgencia en la resolución es determinante debido al impacto de la causa. En esta ocasión, el Ejecutivo lo activó luego de que un juez de primera instancia hiciera lugar a un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y suspendiera más de 80 artículos de la nueva legislación laboral.

El objetivo central del "per saltum" es agilizar los tiempos procesales. Al evitar que el caso recorra escalones intermedios, la Procuración del Tesoro busca que el máximo tribunal se exponga directamente y defina la cuestión de fondo sin dilaciones.

En su presentación ante la Corte, el organismo que asesora jurídicamente al Poder Ejecutivo solicitó que se deje sin efecto la medida cautelar dictada por el juez y que se restablezca plenamente la vigencia de la ley hasta que se resuelva el conflicto en su totalidad.

La argumentación oficial sostiene que la suspensión de una norma nacional por parte de un magistrado de primera instancia configura un problema de orden institucional. Según el planteo, esa decisión afecta el principio republicano de división de poderes, un punto central para justificar el uso excepcional de este recurso.

Ahora queda en manos de la Corte Suprema aceptar o rechazar el tratamiento por la vía del "per saltum". Si el máximo tribunal decide no admitirlo, el expediente continuará su curso habitual por las instancias judiciales inferiores. En cambio, si lo acepta, el caso llegará directamente a sus estrados, en busca de una definición rápida sobre un tema de alto impacto político, económico e institucional.