El reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que anuló la condena de 16.100 millones de dólares contra Argentina, ha puesto fin (momentáneamente) a una de las tramas más polémicas de la historia empresarial argentina. Sin embargo, para entender cómo llegamos al borde del abismo financiero, es necesario mirar detrás de las siglas corporativas y poner nombre propio a los protagonistas: la familia Eskenazi y Kirchner.

Los Eskenazi: De Santa Cruz a la Cima de YPF

Enrique Eskenazi, fallecido recientemente a los 99 años, no era un petrolero. Era un ingeniero y banquero cuya fortuna se cimentó en la construcción y las finanzas. Su vínculo con el poder político nació en los años 90 en el sur. Fue bajo la gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cruz cuando Eskenazi se hizo con el control del banco provincial.

Esa relación de confianza —que algunos analistas describen como una "amistad estratégica"— fue la que le abrió las puertas de YPF en 2007, en el primer período de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Mientras el kirchnerismo agitaba las banderas de la "argentinización", el Grupo Petersen entraba a la mayor empresa del país sin desembolsar capital propio.

En mayo de 2011, el grupo ejerció una opción de compra para adquirir un 10% adicional de Repsol, alcanzando así el 25,46% del capital de la compañía. El costo de esta segunda parte fue de unos 1.300 millones de dólares.

El esquema fue tan audaz como cuestionado. Consistía en comprar acciones con préstamos que se pagaban con los mismos dividendos que generaba la empresa. Básicamente, YPF se compraba a sí misma para dársela a un aliado.

El Vínculo Político: Un Socio en el Poder

La entrada de los Eskenazi no fue un evento de mercado, sino un proyecto político. El gobierno de entonces necesitaba un "socio local" que fuera funcional a su estrategia energética.

Durante los primeros años, el acuerdo funcionó como un reloj. YPF giraba utilidades récord y los Eskenazi pagaban sus deudas a Repsol y a los bancos internacionales.

Sin embargo, el idilio terminó cuando las reservas de gas y petróleo empezaron a caer y la factura de la importación de energía comenzó a desangrar las reservas del Banco Central.

La expropiación sancionada en 2012 mediante la Ley 26.741, durante el segundo período de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no afectó a todos los accionistas por igual. El Estado argentino apuntó específicamente al control que ejercía la empresa española Repsol, dejando intactas las participaciones de otros socios, incluido el Grupo Petersen.

El Grupo Petersen había caído en default porque se habían suspendidos las regalías y no podían pagar la deuda. La expropiación había complicado - de alguna manera - a los "amigos" de los Kirchner.

Tras la quiebra, los derechos de litigio del Grupo Petersen se vendieron y fueron adquiridos por Burford Capital.

El mismo gobierno que los invitó a pasar, decidió cambiar las reglas de juego con la expropiación, dejando al Grupo Petersen en una situación de default técnico que los llevó a la quiebra en España.

¿Quiénes se beneficiaban con el juicio?

Aquí es donde la historia se vuelve aún más opaca. Cuando las sociedades españolas del grupo quebraron, sus derechos para litigar contra Argentina fueron subastados.

El fondo Burford Capital compró esos derechos por una cifra irrisoria (comparada con la sentencia) y llevó adelante la demanda en Nueva York.

La gran incógnita que sobrevoló el juicio durante años fue si los Eskenazi seguían teniendo una participación en las ganancias potenciales del juicio. Aunque el grupo siempre lo negó oficialmente, diversos informes sugieren que el acuerdo con Burford incluía un porcentaje de recupero (se habla de hasta un 30%) para los acreedores de la quiebra original.

De haberse mantenido el fallo de la jueza Preska, el beneficio para el fondo y, potencialmente, para los intereses vinculados al grupo original, hubiera sido de miles de millones de dólares.

Conclusión: El fin de una era de "Capitalismo de Amigos"

El fallo de ayer en Nueva York, que dio un respiro inesperado a las arcas del Estado, no borra la naturaleza de la operación original. La historia de los Eskenazi en YPF queda como el ejemplo máximo de un modelo donde los vínculos políticos pesaron más que la solvencia técnica.

Argentina se salvó, por ahora, de pagar una multa astronómica, pero la lección sigue ahí: cuando el Estado utiliza empresas públicas para beneficiar a sectores cercanos bajo el disfraz de la soberanía, el riesgo —y la factura final— siempre termina siendo de los ciudadanos.

Fuentes:

Enrique Eskenazi. Banquero, exaccionista de YPF y hombre muy cercano a los Kirchner

Los “negocios” de Eskenazi que podrían hacer perder al país el control de YPF.

YPF: la increíble historia de cómo una empresa se compró con su propia plata y generó un juicio millonario

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