La reciente decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dejó sin efecto la condena millonaria contra la Argentina en el litigio por la reestatización de YPF no solo alivia las arcas públicas, sino que consolida una línea de acción estatal que se extiende por más de una década. Así lo evaluó Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro, quien puso el foco en el valor institucional del pronunciamiento judicial.

En declaraciones a Splendid AM 990, el especialista señaló que la sentencia de primera instancia imponía “un monto sideral que comprometía seriamente las finanzas del país”, por lo que el nuevo fallo representa un respiro de magnitud macroeconómica. Al ser consultado sobre quién resulta más favorecido con la reversión, fue contundente: “Yo pondría a la Argentina en primer lugar sin ninguna duda, a la Argentina de hoy y de las generaciones futuras”.

Saravia Frías detalló que el beneficio alcanza en segundo término a YPF, ya que la petrolera eventualmente podría haber enfrentado derivaciones de responsabilidad en instancias posteriores. No obstante, insistió en que el alcance del fallo trasciende lo meramente financiero. “Hay algo más que no se está terminando de ver: el valor que esto tiene como política de Estado”, afirmó.

Para el exprocurador, la continuidad de la estrategia jurídica a través de tres gestiones de gobierno distintas envía una señal de previsibilidad que el mercado y los inversores suelen valorar. “La política de Estado es un país que es consistente en el tiempo, que es serio. Un país que cambia de posición de manera permanente es poco serio y no atrae inversiones”, advirtió.

Desde el punto de vista técnico, Saravia Frías explicó que el tribunal neoyorquino validó la defensa argentina basada en la primacía del derecho público local. “La Cámara toma como referencia la Ley de Sociedades argentina de un lado y la Constitución Nacional del otro”, indicó, y subrayó la singularidad de que un juez estadounidense haya aplicado normativa argentina para resolver el caso.

El exfuncionario también se refirió al estado procesal del litigio. Si bien la parte demandante aún podría intentar una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, evaluó esa posibilidad como remota. “Las posibilidades son remotas, pero el proceso todavía no está terminado”, precisó. En cuanto a un eventual resarcimiento por costas legales a favor del país, lo consideró poco factible porque “no hubo ninguna falta o infracción que dé lugar a la posibilidad de un reclamo por desarcimiento”.

Al analizar el recorrido institucional del caso, Saravia Frías puso en valor la labor sostenida de la Procuración del Tesoro y los abogados del Estado. “Los argumentos de fondo son los mismos y son los que toma la Cámara”, afirmó, en alusión a la estrategia iniciada en 2017. “Esto muestra que hay instituciones que funcionan muy bien, a lo largo de tres gobiernos diferentes”, destacó.

Finalmente, el exprocurador proyectó el impacto de la decisión más allá de las finanzas públicas. A su juicio, fortalece la credibilidad del país frente a los inversores internacionales y eleva su “standing”. “Se proyecta más allá de las finanzas, a la posición y al ‘standing’ que tiene la Argentina en el mundo, y eso a mediano y largo plazo tiene un beneficio muy grande”, concluyó.